Fuente:http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/instrumentos/fuertev_descarga.html
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miércoles, 9 de diciembre de 2009
viernes, 4 de diciembre de 2009
Desde 2001 se ha abierto 1.478 expedientes por infracciones urbanísticas
Artículo periodístico: Canarias7 (4-12-09)
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, aseguró hoy que desde 2001 se han abierto en las dos provincias canarias un total de 1.478 expedientes por infracciones urbanísticas o en costa, todas ellos con resolución firme, aunque no en todos ha habido demolición.
Berriel, en una comparecencia sobre resoluciones que ordenen la restauración de la realidad física alterada por obras de urbanización o edificación del suelo, recordó que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Rural se creó en 2001, y por lo tanto, "los datos que tengo vienen desde ese año".
El consejero especificó que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se abrieron 829 expedientes, mientras que en la provincia de Las Palmas se abrieron 649, todos con resoluciones firmes.
Berriel señaló que en la isla de Tenerife, desde 2001, se han llevado a cabo 48 demoliciones, 18 forzosas y 30 voluntarias, en La Palma, hubo 17 demoliciones, y en El Hierro, 13 demoliciones.
Además, en Gran Canaria se realizaron 48 demoliciones, en La Gomera 6, en Lanzarote, 17 y en Fuerteventura 29.
El consejero alabó la labor de la Agencia de Protección del Medio Ambiente que comenzó a funcionar en 2001 "y sin ese instrumento Canarias tendría un caos, sobre todo en el medio rural".
"Ahora tenemos más medios y podemos actuar cada vez más rápido y podemos evitar que la infracción se consolide", agregó.
"Ya ha remitido la costumbre de edificar en cualquier sitio", subrayó el consejero.
Manuel Fajardo, diputado Socialista, dijo que "después de conocer el informe de la Auditoria de Cuentas que señala que desde el año 2000 hasta el 2006 se incoaron 3.000 expedientes disciplinarios por infracciones urbanísticas, debería preocupar a la consejería porque son 5.000 expediente anuales".
"Ese número de expedientes abiertos es un síntoma de que algo va mal a la hora de cubrir los objetivos que desde la consejería se deben tener sobre el desarrollo sostenible y el suelo", agregó.
El diputado socialista indicó que existen expedientes acabados y no se ha procedido a la demolición, mientras que en otros expedientes recientes que ya se anuncia la demolición.
EFE
Santa Cruz de Tenerife
lunes, 30 de noviembre de 2009
El patrimonio cultural de Fuerteventura, en vídeo
La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura ha iniciado la grabación de una serie de audiovisuales sobre el patrimonio cultural de la Isla.
El primero de los vídeos que componen esta serie realizada íntegramente en Fuerteventura y producida por profesionales de la Isla, hace un recorrido de media hora de duración alrededor de los tres bienes que han sido declarados de Interés Cultural en la localidad de Tefía: el molino de Tefía, la ermita de San Agustín y el conjunto arquitectónico del poblado de La Alcogida.
La consejera de Cultura del Cabildo majorero, Genara Ruiz, anunció que esta serie está dirigida a indagar, "pero sobre todo a dar a conocer los principales valores culturales de Fuerteventura que cuentan con la declaración de Bien de Interés Cultural, porque sólo a través del conocimiento y la divulgación de nuestro patrimonio podremos disfrutarlo y protegerlo en el futuro".
Los dos próximos documentales que verán la luz estarán referidos a las ermitas e iglesias de La Matilla, La Ampuyenta y Casillas del Ángel, uno de ellos, y el otro al conjunto histórico de Betancuria.
Esta serie se centra en todo tipo de representaciones arquitectónicas, artísticas, arqueológicas, etnográficas o paleontológicas.
Fuente: http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2009/11/30/patrimonio-cultural-fuerteventura-video/270917.html
(30-11-09)
El primero de los vídeos que componen esta serie realizada íntegramente en Fuerteventura y producida por profesionales de la Isla, hace un recorrido de media hora de duración alrededor de los tres bienes que han sido declarados de Interés Cultural en la localidad de Tefía: el molino de Tefía, la ermita de San Agustín y el conjunto arquitectónico del poblado de La Alcogida.
La consejera de Cultura del Cabildo majorero, Genara Ruiz, anunció que esta serie está dirigida a indagar, "pero sobre todo a dar a conocer los principales valores culturales de Fuerteventura que cuentan con la declaración de Bien de Interés Cultural, porque sólo a través del conocimiento y la divulgación de nuestro patrimonio podremos disfrutarlo y protegerlo en el futuro".
Los dos próximos documentales que verán la luz estarán referidos a las ermitas e iglesias de La Matilla, La Ampuyenta y Casillas del Ángel, uno de ellos, y el otro al conjunto histórico de Betancuria.
Esta serie se centra en todo tipo de representaciones arquitectónicas, artísticas, arqueológicas, etnográficas o paleontológicas.
Fuente: http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2009/11/30/patrimonio-cultural-fuerteventura-video/270917.html
(30-11-09)
viernes, 20 de noviembre de 2009
El juez imputa a tres personas por apropiarse de casas en Corralejo
Dos empresarios y un abogado declararán por un presunto delito de estafa
ANTONIO CABRERALa denuncia de los vecinos del casco viejo de Corralejo ante el fiscal Anticorrupción por la presunta trama urbanística creada en torno a la propiedad de sus viviendas ha comenzado a dar sus frutos. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, José Guzmán Herrero, ha citado a declarar como imputados a dos empresarios y un abogado por un presunto delito de estafa continuada.
El pasado 6 de marzo unos 70 vecinos del citado pueblo majorero presentaron ante Anticorrupción el resultado de un estudio de investigación que ponía al descubierto el entramado de empresas y sociedades fantasma que han intervenido en las operaciones urbanísticas relacionadas con sus viviendas.
El colectivo de afectados siempre ha apuntado a las entidades Delval Internacional, SA, y Sincronía 99, SL, y a su administrador único, Manuel Jiménez del Valle, al que acusan de comprar el suelo donde se ubican sus casas aprovechando que no se encontraban registradas.
La denuncia ante Anticorrupción vino derivada de una sentencia de la Audiencia Provincial que detectó indicios de un delito de estafa continuado por las ventas realizadas por las citadas empresas. Ante ello, la magistrada Corral acordó remitir todas las sentencias falladas al Fiscal Anticorrupción.
Ahora el juez Guzmán tomará declaración como imputados a los empresarios Jiménez del Valle y Blas Alonso, así como al abogado Fernando Rodríguez, según anunció ayer el colectivo de afectados.
ANTONIO CABRERALa denuncia de los vecinos del casco viejo de Corralejo ante el fiscal Anticorrupción por la presunta trama urbanística creada en torno a la propiedad de sus viviendas ha comenzado a dar sus frutos. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, José Guzmán Herrero, ha citado a declarar como imputados a dos empresarios y un abogado por un presunto delito de estafa continuada.
El pasado 6 de marzo unos 70 vecinos del citado pueblo majorero presentaron ante Anticorrupción el resultado de un estudio de investigación que ponía al descubierto el entramado de empresas y sociedades fantasma que han intervenido en las operaciones urbanísticas relacionadas con sus viviendas.
El colectivo de afectados siempre ha apuntado a las entidades Delval Internacional, SA, y Sincronía 99, SL, y a su administrador único, Manuel Jiménez del Valle, al que acusan de comprar el suelo donde se ubican sus casas aprovechando que no se encontraban registradas.
La denuncia ante Anticorrupción vino derivada de una sentencia de la Audiencia Provincial que detectó indicios de un delito de estafa continuado por las ventas realizadas por las citadas empresas. Ante ello, la magistrada Corral acordó remitir todas las sentencias falladas al Fiscal Anticorrupción.
Ahora el juez Guzmán tomará declaración como imputados a los empresarios Jiménez del Valle y Blas Alonso, así como al abogado Fernando Rodríguez, según anunció ayer el colectivo de afectados.
sábado, 14 de noviembre de 2009
Antigua se queda sin centro de salud por Tebeto
La provincia diario de Las Palmas 14/noviembre/2009
Ayuntamiento y vecinos critican que el Gobierno les retire el dinero prometido
El Gobierno local de Antigua considera que los vecinos del municipio "han contribuido" al primer pago de las indemnizaciones del Gobierno de Canarias a las sentencias judiciales de Tebeto y Montaña Rayada tras eliminar el Ejecutivo canario la partida económica destinada desde hace cinco años para la construcción del nuevo centro de salud en el municipio.
El Plan de Infraestructuras Sanitarias de Canarias 2005-2010 recogía una partida económica por un montante de 1.575.000 euros destinada a la edificación de la mencionada infraestructura sanitaria y que ha sido eliminada "por decisión de Paulino Rivero y Mercedes Roldós, a pesar del compromiso de la consejera de comenzar las obras el pasado mes de mayo", denuncian desde el Consistorio.
El alcalde de Antigua, Gustavo Berriel, muestra su sospecha con la decisión de retirar el proyecto y su financiación," esto responde más bien a que sea el primer pago de la factura que el Gobierno de Canarias, regido por el PP y CC, mantiene con la Justicia en casos como Tebeto, Montaña Rayada, y los que vengan después".
América Soto, la edil de Sanidad, explica que " la cesión de 1.400 metros cuadrados de suelo, así como toda la gestión requerida para desbloquear este proyecto paralizado durante años, fue agilizada y presentada por el grupo de gobierno en los primeros meses de este año, obteniendo el compromiso de Mercedes Roldós de comenzar las obras en mayo".
En opinión del regidor municipal, el Gobierno "condena al servicio sanitario del municipio". Además, añade que "es una vergüenza que durante los últimos cinco meses la consejera Roldós no atendiera las llamadas realizadas desde este Ayuntamiento, denotando una dejadez e incapacidad de sus funciones".
Se da la circunstancia que el PP, partido de la consejera de Sanidad, forma parte del gobierno local de Antigua.
Ayuntamiento y vecinos critican que el Gobierno les retire el dinero prometido
El Gobierno local de Antigua considera que los vecinos del municipio "han contribuido" al primer pago de las indemnizaciones del Gobierno de Canarias a las sentencias judiciales de Tebeto y Montaña Rayada tras eliminar el Ejecutivo canario la partida económica destinada desde hace cinco años para la construcción del nuevo centro de salud en el municipio.
El Plan de Infraestructuras Sanitarias de Canarias 2005-2010 recogía una partida económica por un montante de 1.575.000 euros destinada a la edificación de la mencionada infraestructura sanitaria y que ha sido eliminada "por decisión de Paulino Rivero y Mercedes Roldós, a pesar del compromiso de la consejera de comenzar las obras el pasado mes de mayo", denuncian desde el Consistorio.
El alcalde de Antigua, Gustavo Berriel, muestra su sospecha con la decisión de retirar el proyecto y su financiación," esto responde más bien a que sea el primer pago de la factura que el Gobierno de Canarias, regido por el PP y CC, mantiene con la Justicia en casos como Tebeto, Montaña Rayada, y los que vengan después".
América Soto, la edil de Sanidad, explica que " la cesión de 1.400 metros cuadrados de suelo, así como toda la gestión requerida para desbloquear este proyecto paralizado durante años, fue agilizada y presentada por el grupo de gobierno en los primeros meses de este año, obteniendo el compromiso de Mercedes Roldós de comenzar las obras en mayo".
En opinión del regidor municipal, el Gobierno "condena al servicio sanitario del municipio". Además, añade que "es una vergüenza que durante los últimos cinco meses la consejera Roldós no atendiera las llamadas realizadas desde este Ayuntamiento, denotando una dejadez e incapacidad de sus funciones".
Se da la circunstancia que el PP, partido de la consejera de Sanidad, forma parte del gobierno local de Antigua.
viernes, 13 de noviembre de 2009
Berriel afirma que se debe pagar la indemnización de 33 millones de Montaña Rayada
Berriel afirma que se debe pagar la indemnización de 33 millones de Montaña Rayada
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, insistió hoy en el Parlamento de Canarias en la obligatoriedad del Ejecutivo autónomo de afrontar la indemnización de 33.304.795,85 euros a la empresa promotora del proyecto de Montaña Rayada, localizada en el municipio majorero de Pájara, derivada de un largo proceso, que, después de 35 años de producirse la primera actuación, “nos vemos obligados a afrontar al tratarse de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), sin perjuicio de que parece exagerada la valoración”, subrayó el responsable autonómico, quien recordó que el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad la protección de este espacio de Fuerteventura al dar luz verde a las leyes de Espacios Naturales de Canarias de 1987 y 1994.
Domingo Berriel intervino hoy en la Cámara regional para dar cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 17 de febrero de 1994, que anuló el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (CUMAC), de 20 de agosto de 1990, por el que se aprobó de forma definitiva el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara, así como de los autos dictados en ejecución de la referida decisión judicial, de sus motivaciones y consecuencias.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Ejecutivo canario hizo hincapié en que “cuando la conservación del territorio afecta a derechos de terceros tiene un coste, que debe preverse en el momento que se legisla”. En el caso de Montaña Rayada, Domingo Berriel aclaró que la desclasificación de ese suelo era necesaria para la salvaguarda de un ecosistema de gran valor ambiental. De hecho, la costa de sotavento de la península de Jandía alberga todos los hábitats más importantes de Fuerteventura. Montaña Rayada, subrayó el responsable autonómico, está incluida en el Parque Natural de Jandía, conformando además un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
Domingo Berriel, quien hizo un repaso de las normas aprobadas en los últimos veinte años en Canarias para la conservación de su territorio, recordó que el 49% del espacio terrestre de las Islas está protegido. El consejero apuntó que las restricciones derivadas de la necesaria protección del territorio canario trae consigo un coste, que ha propiciado un conjunto de sentencias que han obligado a la Administración canaria a afrontar indemnizaciones “llamativamente elevadas”.
Respecto al caso de Montaña Rayada, el responsable autonómico señaló hoy en el Parlamento que “cuestionar ahora la historia, desde la perspectiva actual, lo que debió ser o debió hacerse en momentos pasados, carecería de objetividad y objeto si no se contextualiza en relación a las circunstancias, conocimientos y criterios de los tiempos de producción de cada acción relacionada con este espacio protegido, de cada decisión, pues en más de 30 años, los criterios urbanísticos, tanto de planeamiento, de protección del territorio, como jurídicos han variado sustancialmente”.
Domingo Berriel hizo un análisis retrospectivo de los hechos relacionados con el espacio natural de Fuerteventura que han provocado la obligatoriedad de abonar a la entidad Montaña Rayada S.A. 33.304.795,85 euros por mandato del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en sentencia firme.
El consejero se remontó a octubre de 1974 para desgranar la historia de este caso. En esa fecha, la Comisión Provincial de Urbanismo aprobó de forma definitiva el Plan Especial de Ordenación Turística de Fuerteventura, promovido por la entidad Montaña Rayada S.A., en base a la Ley 197/63 sobre centros y zonas de interés turístico nacional (conocida como Ley de Fraga). La vigencia de este plan era de cinco años y no fue desarrollado.
Cuatro años después, ese mismo organismo aprobó el Plan General Municipal de Pájara, convirtiéndose en el primer plan de Canarias y en el segundo de España y en el que el suelo de Montaña Rayada fue clasificado como urbanizable no programado. Dicha consideración implicaba que el espacio podía ser objeto de urbanización siempre que se aprobaran Programas de Actuación Urbanística, requiriéndose para ello la convocatoria de un concurso público por el Ayuntamiento de Pájara y el desarrollo de los correspondientes planes parciales para su ejecución. El consejero autonómico recordó hoy en el Parlamento que este extremo no se llevó a cabo por lo que el suelo no se urbanizó.
El Ayuntamiento de Pájara, continuó con el desarrollo de su exposición el consejero, aprobó en 1989 la Revisión Provisional de su Plan General de Ordenación, clasificando el suelo de Montaña Rayada como rústico, acuerdo que fue ratificado de forma definitiva por la CUMAC (anterior COTMAC) en 1990.
La entidad Montaña Rayada S.A. presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por su desacuerdo con el cambio de categoría de suelo del espacio natural de Fuerteventura, que resolvió estimarlo, dando validez a la consideración del suelo como urbanizable no programado, decidiendo de esta manera anular la clasificación de rústico otorgada por el Ayuntamiento de Pájara y posteriormente por la CUMAC. Domingo Berriel relató hoy que esta situación llevó a la Comunidad Autónoma a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que el 17 de enero de 2000 dictó sentencia de inadmisión, “declarando que no había lugar al recurso de casación, sin pronunciamiento por tanto sobre el fondo”.
La entidad promotora del proyecto propuso en noviembre de ese mismo año alcanzar un acuerdo con la Comunidad Autónoma para poder edificar en una pequeña parte del terreno de Montaña Rayada a cambio de renunciar a la demandada indemnización. El pacto propuesto fue rechazado por la COTMAC el 7 de mayo de 2001 basándose en la prohibición de creación de nuevas urbanizaciones dentro de un espacio natural protegido, extremo que está contemplado en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias. Además, la COTMAC sostiene su decisión en que no cabía una indemnización al no haberse acatado las exigencias contempladas en la clasificación de suelo urbanizable no programado, que son la realización de un concurso público y la aprobación de Programas de Actuación Urbanística.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias apuntó hoy que un año después la COTMAC declaró la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia del TSJC de 1994 requerida por la entidad afectada. El argumento que esgrimió fue que la categoría de suelo urbanizable no programado ya no aparecía contemplado en la legislación vigente, por lo que sostuvo la categoría de rústico de protección natural.
Pero el TSJC dictó un auto en 2003 declarando inejecutable la sentencia de 1994 y reconociendo el derecho de la empresa Montaña Rayada S.A. a ser indemnizada. El mismo tribunal fijó tres años después en un auto la cuantía a pagar por parte de la Comunidad Autónoma, que ascendía a 29.352.289 euros. Esta resolución judicial se apoya en la Ley del Suelo de 1998, que clasifica los suelos urbanizable no programado y programado como urbanizable. El Gobierno de Canarias presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que en 2008 resolvió no admitirlo.
El consejero Domingo Berriel concluyó su relato histórico de los hechos con la comunicación recibida en el departamento que dirige el 9 de marzo de 2009 referente a la obligatoriedad de acatar el auto del TSJC de 2006, que contempla la indemnización a Montaña Rayada S.A. de 33.304.795,85 euros, suma que recoge los intereses acumulados desde que el mismo tribunal dictó la sentencia firme en 1994.
fuente:http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=147531
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, insistió hoy en el Parlamento de Canarias en la obligatoriedad del Ejecutivo autónomo de afrontar la indemnización de 33.304.795,85 euros a la empresa promotora del proyecto de Montaña Rayada, localizada en el municipio majorero de Pájara, derivada de un largo proceso, que, después de 35 años de producirse la primera actuación, “nos vemos obligados a afrontar al tratarse de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), sin perjuicio de que parece exagerada la valoración”, subrayó el responsable autonómico, quien recordó que el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad la protección de este espacio de Fuerteventura al dar luz verde a las leyes de Espacios Naturales de Canarias de 1987 y 1994.
Domingo Berriel intervino hoy en la Cámara regional para dar cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 17 de febrero de 1994, que anuló el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (CUMAC), de 20 de agosto de 1990, por el que se aprobó de forma definitiva el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara, así como de los autos dictados en ejecución de la referida decisión judicial, de sus motivaciones y consecuencias.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Ejecutivo canario hizo hincapié en que “cuando la conservación del territorio afecta a derechos de terceros tiene un coste, que debe preverse en el momento que se legisla”. En el caso de Montaña Rayada, Domingo Berriel aclaró que la desclasificación de ese suelo era necesaria para la salvaguarda de un ecosistema de gran valor ambiental. De hecho, la costa de sotavento de la península de Jandía alberga todos los hábitats más importantes de Fuerteventura. Montaña Rayada, subrayó el responsable autonómico, está incluida en el Parque Natural de Jandía, conformando además un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
Domingo Berriel, quien hizo un repaso de las normas aprobadas en los últimos veinte años en Canarias para la conservación de su territorio, recordó que el 49% del espacio terrestre de las Islas está protegido. El consejero apuntó que las restricciones derivadas de la necesaria protección del territorio canario trae consigo un coste, que ha propiciado un conjunto de sentencias que han obligado a la Administración canaria a afrontar indemnizaciones “llamativamente elevadas”.
Respecto al caso de Montaña Rayada, el responsable autonómico señaló hoy en el Parlamento que “cuestionar ahora la historia, desde la perspectiva actual, lo que debió ser o debió hacerse en momentos pasados, carecería de objetividad y objeto si no se contextualiza en relación a las circunstancias, conocimientos y criterios de los tiempos de producción de cada acción relacionada con este espacio protegido, de cada decisión, pues en más de 30 años, los criterios urbanísticos, tanto de planeamiento, de protección del territorio, como jurídicos han variado sustancialmente”.
Domingo Berriel hizo un análisis retrospectivo de los hechos relacionados con el espacio natural de Fuerteventura que han provocado la obligatoriedad de abonar a la entidad Montaña Rayada S.A. 33.304.795,85 euros por mandato del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en sentencia firme.
El consejero se remontó a octubre de 1974 para desgranar la historia de este caso. En esa fecha, la Comisión Provincial de Urbanismo aprobó de forma definitiva el Plan Especial de Ordenación Turística de Fuerteventura, promovido por la entidad Montaña Rayada S.A., en base a la Ley 197/63 sobre centros y zonas de interés turístico nacional (conocida como Ley de Fraga). La vigencia de este plan era de cinco años y no fue desarrollado.
Cuatro años después, ese mismo organismo aprobó el Plan General Municipal de Pájara, convirtiéndose en el primer plan de Canarias y en el segundo de España y en el que el suelo de Montaña Rayada fue clasificado como urbanizable no programado. Dicha consideración implicaba que el espacio podía ser objeto de urbanización siempre que se aprobaran Programas de Actuación Urbanística, requiriéndose para ello la convocatoria de un concurso público por el Ayuntamiento de Pájara y el desarrollo de los correspondientes planes parciales para su ejecución. El consejero autonómico recordó hoy en el Parlamento que este extremo no se llevó a cabo por lo que el suelo no se urbanizó.
El Ayuntamiento de Pájara, continuó con el desarrollo de su exposición el consejero, aprobó en 1989 la Revisión Provisional de su Plan General de Ordenación, clasificando el suelo de Montaña Rayada como rústico, acuerdo que fue ratificado de forma definitiva por la CUMAC (anterior COTMAC) en 1990.
La entidad Montaña Rayada S.A. presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por su desacuerdo con el cambio de categoría de suelo del espacio natural de Fuerteventura, que resolvió estimarlo, dando validez a la consideración del suelo como urbanizable no programado, decidiendo de esta manera anular la clasificación de rústico otorgada por el Ayuntamiento de Pájara y posteriormente por la CUMAC. Domingo Berriel relató hoy que esta situación llevó a la Comunidad Autónoma a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que el 17 de enero de 2000 dictó sentencia de inadmisión, “declarando que no había lugar al recurso de casación, sin pronunciamiento por tanto sobre el fondo”.
La entidad promotora del proyecto propuso en noviembre de ese mismo año alcanzar un acuerdo con la Comunidad Autónoma para poder edificar en una pequeña parte del terreno de Montaña Rayada a cambio de renunciar a la demandada indemnización. El pacto propuesto fue rechazado por la COTMAC el 7 de mayo de 2001 basándose en la prohibición de creación de nuevas urbanizaciones dentro de un espacio natural protegido, extremo que está contemplado en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias. Además, la COTMAC sostiene su decisión en que no cabía una indemnización al no haberse acatado las exigencias contempladas en la clasificación de suelo urbanizable no programado, que son la realización de un concurso público y la aprobación de Programas de Actuación Urbanística.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias apuntó hoy que un año después la COTMAC declaró la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia del TSJC de 1994 requerida por la entidad afectada. El argumento que esgrimió fue que la categoría de suelo urbanizable no programado ya no aparecía contemplado en la legislación vigente, por lo que sostuvo la categoría de rústico de protección natural.
Pero el TSJC dictó un auto en 2003 declarando inejecutable la sentencia de 1994 y reconociendo el derecho de la empresa Montaña Rayada S.A. a ser indemnizada. El mismo tribunal fijó tres años después en un auto la cuantía a pagar por parte de la Comunidad Autónoma, que ascendía a 29.352.289 euros. Esta resolución judicial se apoya en la Ley del Suelo de 1998, que clasifica los suelos urbanizable no programado y programado como urbanizable. El Gobierno de Canarias presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que en 2008 resolvió no admitirlo.
El consejero Domingo Berriel concluyó su relato histórico de los hechos con la comunicación recibida en el departamento que dirige el 9 de marzo de 2009 referente a la obligatoriedad de acatar el auto del TSJC de 2006, que contempla la indemnización a Montaña Rayada S.A. de 33.304.795,85 euros, suma que recoge los intereses acumulados desde que el mismo tribunal dictó la sentencia firme en 1994.
fuente:http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=147531
jueves, 12 de noviembre de 2009
Entrevista online con Paquita Luengo
Paquita Luengo estuvo con los lectores en las entrevistas online de Canarias7.es.
Luengo es diputada del Grupo Socialista por Gran Canaria y la responsable del 'Caso Tebeto' en la oposición. Conoce muy bien todo el proceso administrativo y judicial de este asunto, ya que en el Gobierno de Jerónimo Saavedra comienza a tramitarse el expediente de la cantera de Tebeto (Fuerteventura) cuando ella era secretaria general técnica de la Consejería de Comercio, Industria y Consumo en el año 93.
A continuación algunas de las preguntas de la entrevista:
P-Buenos días ¿Tiene el Gobierno de Canarias alguna póliza de R.Civil o alguna partida presupuestaria para pagar los errores garrafales que siempren terminan en dinero,que cometen los políticos sean de partido que sean en su mandato, o esas multas a pagar salen de los contribuyentes y se descuentan de otras partidas presupuestarias?yo no lo entiendo el pagar tantas millonadas,gracias (Cevisua).
R: La Constitución Española establece un principio básico de nuestro estado de derecho y de garantía frente a sus ciudadanos, consistente en que la Administración responde de los daños y perjuicios derivados del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Es decir, si se ha ocasionado un daño la Administración responde tanto si su actuación ha sido lícita o ilícita. Los citados daños no están cubiertos por una póliza de seguro como si de un particular se tratase porque la Administración puede responder directamente por ellos. Tiene usted razón, el dinero no es de la Administración, al final es de los impuestos que pagamos todos y, por consiguiente, los daños los pagamos también todos. Lo que ocurre es que la Administración tiene que dar un paso adelante y es pedir responsabilidades a sus autoridades y funcionarios cuando se acredite que estos se han producido a consecuencia de una negligencia grave en su actuación pública.
P- Lo de Tebeto, no es una cortina de humo, que enmascara la duplicidad de franquicias como la contratada para el SEFCAN utilizado y contratado por el SCS) es que ese dinero no sale de los mismos o es que el corte Ingles como reza en el programa para enseñar como se utiliza, sale barato o tal vez sea un obsequio para la consejeria de Economia y Hacienda. Gracias (Teresa).
R: Lo que sí se es que Tebeto no es un obsequio para la consejería de Economía y Hacienda, más bien lo contrario. Tebeto es un golpe bajo a la economía canaria y a todos sus ciudadanos. Con lo que hay que pagar a Tebeto sale de los bolsillos de cada uno de los canarios, 50 euros para pagar por algo que no existe y que no vale nada. Sería una concesión para abrir una cantera y explotar un mineral que no existe en un lugar prohibido. Es decir, por no hacer nada se pagan 20.000 millones de pesetas.
P: ¿Cómo le explicaria usted a un ciudadano canario torpe como yo,como es posible que no haya ni un solo politico, asesor juridico o tecnico, que este como minimo inhabilitado a perpetuidad a cargo publico, despues del tema Tebeto, Montaña rayada?.. etcétera, etcétera. (Xuscap)
R: En cuanto al caso Tebeto, al no estar cerrado totalmente, sino que es un caso pendiente del Tribunal Supremo, es decir que el TS cuando resuelva puede quitar la razón a lo que ha dicho el TSJC y no tener que pagar absolutamente nada. Si, por el contrario, le diera la razón al TSJC y hubiese que hacer este escandaloso desembolso, entonces vendrían esas inhabilitaciones que con toda razón usted piensa que deben hacerse, pero hay que esperar. Ahora no se puede exigir responsabilidad penal a nadie hasta que, como he dicho, resuelva el Supremo.
P: Muy buenas Sra. Paquita Luengo. Antes que nada decirle que es una persona muy bella, y muy encantadora, y quería felicitarla por la gran labor que está haciendo por el grupo socialista. Mi pregunta es la ¿Le parece justo los 101 millones que tiene que pagar el gobierno de canarias? ¿o insuficiente?¿Como ve el caso? Muchisimas gracias (Daniel V)
R: Muchas gracias por tu amabilidad hacia mi persona. Te lo agradezco de veras. En cuanto a Tebeto, se que es un motivo de preocupación para los ciudadanos de Canarias porque realmente es un caso insólito que haya que pagar los 101 millones de euros a una entidad privada simplemente por presentar unos papeles en la ventanilla y sin haberse gastado un euro. Todo debido a la incomprensible concesión para explotar la cantera que se dio el 18 de noviembre de 2004, siendo consejero Luis Soria, a sabiendas de que en Tebeto no se podía explotar la cantera porque lo prohibía el Plan Insular de Fuerteventura y sobre un recurso mineral (traquita) inexistente en dicha montaña. Yo no creo que sea suficiente ni insuficiente los 101 millones, simplemente es estrambótico pagar algo por lo que no vale nada.
P: ¿Es verdad que la empresa Cabo Verde S.L. no existía en el momento en que la Consejería otorgó el permiso de investigación para Tebeto y que por tanto no puede tener derecho a indemnización pues aquel derecho no le correspondía a esa empresa? (José Luis).
R: Totalmente verdad.
P: De sus manifestaciones en la entrevista publicada por Canarias7 el pasado domingo deduzco que Ud. sabe con toda certeza que no se ha realizado ningún sondeo en Tebeto hasta el momento. ¿Ni siquiera los que manifiesta el Gobierno de Canarias para la elaboración de los informes técnicos en que basa su valoración de "cero euros"? (Federico Romero - LPGC).
R: No tengo constancia de que se hayan llevado a cabo tales sondeos (tengo una reclamación parlamentaria al efecto) pero si se han hecho, no me importa rectificar y además encantada. El asunto de Tebeto no acaba en los sondeos. Los sondeos es un medio imprescindible para sacar a la luz el tamaño y la dimensión insoportable del escándalo donde estamos metidos.
P: ¿Cómo podría explicar qué es lo que pasa con Tebeto, para alguien que no sabe más que es una montaña? ¿A quién prefiere usted como líder del PSC, Aguilar o Darias? Un saludo (Grancanario).
R: Tebeto es un largo proceso, lleno de irregularidades, que iba derecho hacia una indemnización escandalosa y que entre muchos defensores de lo público, estamos en curso de poder parar. Con respecto a la segunda cuestión, tengo que comentarle que los dos. Al igual que cualquier otros dos y otras dos.
P: ¿Nos puede dar una pista sobre el tema Tebeto y quien está (politos...) a favor de este? Se dice que el Sr. Olarte y otros están vinculados (favorecidos) en el caso Tindaya. ¿Qué opinión tiene respecto al Sr. Mauricio (no en cuanto a su inteligencia)? Gracias (Desconfiado).
R: Creo que Tindaya, de alguna manera, fue el ensayo necesario de Tebeto. En cuanto a nombres en concreto no puedo pronunciarme, puesto que desconozco las exactas vinculaciones que hayan podido tener en el caso Tebeto más allá de las pruebas documentales.
El resto de la entrevista en:
http://www.canarias7.es/participacion/entrevista.cfm?id=255
Luengo es diputada del Grupo Socialista por Gran Canaria y la responsable del 'Caso Tebeto' en la oposición. Conoce muy bien todo el proceso administrativo y judicial de este asunto, ya que en el Gobierno de Jerónimo Saavedra comienza a tramitarse el expediente de la cantera de Tebeto (Fuerteventura) cuando ella era secretaria general técnica de la Consejería de Comercio, Industria y Consumo en el año 93.
A continuación algunas de las preguntas de la entrevista:
P-Buenos días ¿Tiene el Gobierno de Canarias alguna póliza de R.Civil o alguna partida presupuestaria para pagar los errores garrafales que siempren terminan en dinero,que cometen los políticos sean de partido que sean en su mandato, o esas multas a pagar salen de los contribuyentes y se descuentan de otras partidas presupuestarias?yo no lo entiendo el pagar tantas millonadas,gracias (Cevisua).
R: La Constitución Española establece un principio básico de nuestro estado de derecho y de garantía frente a sus ciudadanos, consistente en que la Administración responde de los daños y perjuicios derivados del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Es decir, si se ha ocasionado un daño la Administración responde tanto si su actuación ha sido lícita o ilícita. Los citados daños no están cubiertos por una póliza de seguro como si de un particular se tratase porque la Administración puede responder directamente por ellos. Tiene usted razón, el dinero no es de la Administración, al final es de los impuestos que pagamos todos y, por consiguiente, los daños los pagamos también todos. Lo que ocurre es que la Administración tiene que dar un paso adelante y es pedir responsabilidades a sus autoridades y funcionarios cuando se acredite que estos se han producido a consecuencia de una negligencia grave en su actuación pública.
P- Lo de Tebeto, no es una cortina de humo, que enmascara la duplicidad de franquicias como la contratada para el SEFCAN utilizado y contratado por el SCS) es que ese dinero no sale de los mismos o es que el corte Ingles como reza en el programa para enseñar como se utiliza, sale barato o tal vez sea un obsequio para la consejeria de Economia y Hacienda. Gracias (Teresa).
R: Lo que sí se es que Tebeto no es un obsequio para la consejería de Economía y Hacienda, más bien lo contrario. Tebeto es un golpe bajo a la economía canaria y a todos sus ciudadanos. Con lo que hay que pagar a Tebeto sale de los bolsillos de cada uno de los canarios, 50 euros para pagar por algo que no existe y que no vale nada. Sería una concesión para abrir una cantera y explotar un mineral que no existe en un lugar prohibido. Es decir, por no hacer nada se pagan 20.000 millones de pesetas.
P: ¿Cómo le explicaria usted a un ciudadano canario torpe como yo,como es posible que no haya ni un solo politico, asesor juridico o tecnico, que este como minimo inhabilitado a perpetuidad a cargo publico, despues del tema Tebeto, Montaña rayada?.. etcétera, etcétera. (Xuscap)
R: En cuanto al caso Tebeto, al no estar cerrado totalmente, sino que es un caso pendiente del Tribunal Supremo, es decir que el TS cuando resuelva puede quitar la razón a lo que ha dicho el TSJC y no tener que pagar absolutamente nada. Si, por el contrario, le diera la razón al TSJC y hubiese que hacer este escandaloso desembolso, entonces vendrían esas inhabilitaciones que con toda razón usted piensa que deben hacerse, pero hay que esperar. Ahora no se puede exigir responsabilidad penal a nadie hasta que, como he dicho, resuelva el Supremo.
P: Muy buenas Sra. Paquita Luengo. Antes que nada decirle que es una persona muy bella, y muy encantadora, y quería felicitarla por la gran labor que está haciendo por el grupo socialista. Mi pregunta es la ¿Le parece justo los 101 millones que tiene que pagar el gobierno de canarias? ¿o insuficiente?¿Como ve el caso? Muchisimas gracias (Daniel V)
R: Muchas gracias por tu amabilidad hacia mi persona. Te lo agradezco de veras. En cuanto a Tebeto, se que es un motivo de preocupación para los ciudadanos de Canarias porque realmente es un caso insólito que haya que pagar los 101 millones de euros a una entidad privada simplemente por presentar unos papeles en la ventanilla y sin haberse gastado un euro. Todo debido a la incomprensible concesión para explotar la cantera que se dio el 18 de noviembre de 2004, siendo consejero Luis Soria, a sabiendas de que en Tebeto no se podía explotar la cantera porque lo prohibía el Plan Insular de Fuerteventura y sobre un recurso mineral (traquita) inexistente en dicha montaña. Yo no creo que sea suficiente ni insuficiente los 101 millones, simplemente es estrambótico pagar algo por lo que no vale nada.
P: ¿Es verdad que la empresa Cabo Verde S.L. no existía en el momento en que la Consejería otorgó el permiso de investigación para Tebeto y que por tanto no puede tener derecho a indemnización pues aquel derecho no le correspondía a esa empresa? (José Luis).
R: Totalmente verdad.
P: De sus manifestaciones en la entrevista publicada por Canarias7 el pasado domingo deduzco que Ud. sabe con toda certeza que no se ha realizado ningún sondeo en Tebeto hasta el momento. ¿Ni siquiera los que manifiesta el Gobierno de Canarias para la elaboración de los informes técnicos en que basa su valoración de "cero euros"? (Federico Romero - LPGC).
R: No tengo constancia de que se hayan llevado a cabo tales sondeos (tengo una reclamación parlamentaria al efecto) pero si se han hecho, no me importa rectificar y además encantada. El asunto de Tebeto no acaba en los sondeos. Los sondeos es un medio imprescindible para sacar a la luz el tamaño y la dimensión insoportable del escándalo donde estamos metidos.
P: ¿Cómo podría explicar qué es lo que pasa con Tebeto, para alguien que no sabe más que es una montaña? ¿A quién prefiere usted como líder del PSC, Aguilar o Darias? Un saludo (Grancanario).
R: Tebeto es un largo proceso, lleno de irregularidades, que iba derecho hacia una indemnización escandalosa y que entre muchos defensores de lo público, estamos en curso de poder parar. Con respecto a la segunda cuestión, tengo que comentarle que los dos. Al igual que cualquier otros dos y otras dos.
P: ¿Nos puede dar una pista sobre el tema Tebeto y quien está (politos...) a favor de este? Se dice que el Sr. Olarte y otros están vinculados (favorecidos) en el caso Tindaya. ¿Qué opinión tiene respecto al Sr. Mauricio (no en cuanto a su inteligencia)? Gracias (Desconfiado).
R: Creo que Tindaya, de alguna manera, fue el ensayo necesario de Tebeto. En cuanto a nombres en concreto no puedo pronunciarme, puesto que desconozco las exactas vinculaciones que hayan podido tener en el caso Tebeto más allá de las pruebas documentales.
El resto de la entrevista en:
http://www.canarias7.es/participacion/entrevista.cfm?id=255
domingo, 8 de noviembre de 2009
Luengo: "Bittini tuvo respaldo de políticos y altos funcionarios"
CANARIAS7 publica este domingo en la edición impresa una amplia entrevista con la diputada socialista Paquita Luengo, que analiza el 'caso Tebeto'.
—¿Por qué muestra tantas cautelas sobre el aval del Lloyds a Rafael Bittini, cuando es un banco que ha recibido aportaciones de capital del Gobierno británico?
—Porque si algo nos ha enseñado esta crisis financiera que arrastramos desde 2007, son los grandes castillos que se han derrumbado; ¡lo deLehman Brothers era impensable! Hoy en día todas las cautelas son pocas cuando hablamos de exigir las máximas garantías si se da el caso de que Canarias tenga que recobrar 20.000 millones de las antiguas pesetas.
—¿Está entonces de acuerdo con la estrategia del Gobierno sobre el perfil del aval?
—No es que esté de acuerdo, es que a este Gobierno no le puede valer cualquier cosa. Porque si se paga, los más perjudicados serán, como siempre, los más débiles. Ahora bien, a mí me llama la atención que el Gobierno no haya asegurado la calidad del aval.
—¿A qué se refiere?
—Pues me sorprende que el Gobierno no haya tomado las precauciones debidas, sobre todo, el vicepresidente económico, que es quien debe velar por nuestro dinero.
—¿Quizás es una estrategia?
—El Lloyds no tiene una calificación óptima en las agencias de rating. Ahora mismo, está sometido a un proceso de desinversiones (el cierre de 600 oficinas) y el Gobierno británico estudia nuevas inyecciones de capital. Se le ha prohibido el reparto de bonus a sus directivos y el de dividendos. Hay razones sobradas para la precaución y más que para pagar, para recuperar el dinero.—Usted afirmó que Tebeto era el mayor caso de corrupción de la historia de Canarias. ¿Lo mantiene? —El PSOEsolicitó un contrainforme para rebatir el informe de Canteras de Cabo Verde, en el que expresábamos la necesidad de un sondeo para evaluar la existencia de minerales. Porque tomando como referencia zonas del proyecto de explotación de Bittini y del área aneja de La Molina, el valor real no pasa de 1,7 millones.
—Entonces, ¿cuál es la realidad?
—No la sabremos hasta que no se pique.
—¿Por qué está tan segura?
—Porque existe un antecedente crucial recogido en el informe de un ingeniero de 1982. Ese informe es un proyecto geológico presentado por Bittini para obtener el permiso de investigación Chantal-23, que nos dice: ‘En Tebeto, la posibilidad de traquita en bloque es muy remota’. Ylo palpable de estudios recientes nos indica lo mismo: la traquita no es explotable y su valor es cero. ¿Cómo es posible entonces que se otorgue un valor de 20.000 millones por 30 años de negocio a futuro?
—¿Cómo?
—Porque se da un caso insólito: la inversión cero es igual a beneficio infinito.
—Concrete, por favor. Usted es quien mejor conoce el caso.
—Tebeto es un atraco al bolsillo de los canarios donde al atracador no se le pone resistencia.
—¿Rafael Bittini?
—No está él solo; hay varios más. Es imposible que haya sorteado tal cantidad de obstáculos sin ayuda. Bittini ha tenido el apoyo de políticos y altos funcionarios y de otros cuyos nombres esperamos conocer.
—¿Se reserva cartas?
—Tindaya salió bien y Tebeto se convirtió en Tindaya bis y, claro, la avaricia rompe el saco... Por eso digo que es el mayor caso de corrupción y el mayor escándalo social de la historia porque nunca un Gobierno ha sido condenado, ni siquiera en la Unión Europea, a pagar semejante cantidad. Había y hay muchas bocas esperando...
—Usted es aforada, es abogada, es socialista... Precise más con el fin de esclarecer los episodios oscuros del caso.
—Tindaya creo que es el escándalo de Coalición Canaria y Tebeto es el escándalo del Partido Popular. Jugaron al ‘yo te dejo, tú me dejas y si nos pillan, fue el PSOE’. Pues no, el PSOEno ha sido y un día saldrá a relucir la verdad con los nombres. El PSOE es el único que actuó bien en Tebeto al declarar la caducidad del expediente y gracias a esa acción, se quitó la especulación, y gracias a esa acción, Canteras de Cabo Verde no es propietaria de Chantal-23. Además, el caso, por muy voluminoso que sea, pone de manifiesto a día de hoy, la disposición del vicepresidente económico a pagar frente a la oposición del presidente de no pagar.
—¿Cuándo llegará el día que reluzca la verdad?
—Hay que esperar al Supremo. Tebeto es un caso vivo, ni está cerrado ni terminado. Estamos en plena transición y puede haber otros recursos extraordinarios ante el Supremo en el caso de que fuera desfavorable.
—¿También hay dos denuncias ante la Fiscalía que ya se están procesando?
—Pero la Fiscalía no puede estar a la espera de hipótesis. El Ministerio Público tiene una gran oportunidad para velar por el interés general, pero hace falta obligatoriamente que se hagan de una vez los sondeos en Tebeto. ¡Es que no se han hecho! Y mientras no se hagan no habrá justicia. Esos sondeos no cuestan ni 70.000 euros.
—Pero hay estudios.
—Sí, pero no se ha picado y la Fiscalía puede encargarlo.
—¿Usted que intuye?
—Que la traquita está rota como una tarta despedazada.
—La denuncia de Santiago Pérez no contó con su firma, sólo con sus compañeras, también letradas, Gloria Gutiérrez y Eulalia Guerra. ¿Por qué?
—No estaba ese día en Tenerife, pero la hubiera firmado.—¿Irá a declarar? Usted era la secretaria general técnica de la Consejería de Industria en 1993.—Si me llaman, claro, pero conviene aclarar muchos conceptos de ese año en adelante. El primero de todos es que las decisiones las tomaba el consejero (Andrés Calvo, q.e.p.d.), y yo, al igual que hace ahora Cristina de León[la secretaria actual], notificaba las órdenes. Además, la caducidad se aplicó a un permiso de investigación (el Chantal-23) otorgado a Rafael Bittini y no a Canteras de Cabo Verde. Y ojo a este dato porque es clave para entender la historia. Un permiso de investigación no es una concesión, es un título minero en un terreno perimetral. El permiso lo concedió la Delegación Provincial de Minas en 1982 y se lo dio al señor Bittini (y no a la empresa, repito) por un año. ¡Un año! Un año sobre 36 cuadrículas mineras de Tebeto. Y, cuidado, porque en derecho minero, los plazos son implacables e improrrogables. El PSOE tomó el expediente en 1993 y vimos que el permiso llevaba 10 años inactivo. Aplicamos la Ley de Minas de 1973 y ejecutamos la caducidad porque el PSOEvio claro que no se puede retener un título minero para especular.
[Texto íntegro de la entrevista en la edición impresa].
Fuente: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=146967
—¿Por qué muestra tantas cautelas sobre el aval del Lloyds a Rafael Bittini, cuando es un banco que ha recibido aportaciones de capital del Gobierno británico?
—Porque si algo nos ha enseñado esta crisis financiera que arrastramos desde 2007, son los grandes castillos que se han derrumbado; ¡lo deLehman Brothers era impensable! Hoy en día todas las cautelas son pocas cuando hablamos de exigir las máximas garantías si se da el caso de que Canarias tenga que recobrar 20.000 millones de las antiguas pesetas.
—¿Está entonces de acuerdo con la estrategia del Gobierno sobre el perfil del aval?
—No es que esté de acuerdo, es que a este Gobierno no le puede valer cualquier cosa. Porque si se paga, los más perjudicados serán, como siempre, los más débiles. Ahora bien, a mí me llama la atención que el Gobierno no haya asegurado la calidad del aval.
—¿A qué se refiere?
—Pues me sorprende que el Gobierno no haya tomado las precauciones debidas, sobre todo, el vicepresidente económico, que es quien debe velar por nuestro dinero.
—¿Quizás es una estrategia?
—El Lloyds no tiene una calificación óptima en las agencias de rating. Ahora mismo, está sometido a un proceso de desinversiones (el cierre de 600 oficinas) y el Gobierno británico estudia nuevas inyecciones de capital. Se le ha prohibido el reparto de bonus a sus directivos y el de dividendos. Hay razones sobradas para la precaución y más que para pagar, para recuperar el dinero.—Usted afirmó que Tebeto era el mayor caso de corrupción de la historia de Canarias. ¿Lo mantiene? —El PSOEsolicitó un contrainforme para rebatir el informe de Canteras de Cabo Verde, en el que expresábamos la necesidad de un sondeo para evaluar la existencia de minerales. Porque tomando como referencia zonas del proyecto de explotación de Bittini y del área aneja de La Molina, el valor real no pasa de 1,7 millones.
—Entonces, ¿cuál es la realidad?
—No la sabremos hasta que no se pique.
—¿Por qué está tan segura?
—Porque existe un antecedente crucial recogido en el informe de un ingeniero de 1982. Ese informe es un proyecto geológico presentado por Bittini para obtener el permiso de investigación Chantal-23, que nos dice: ‘En Tebeto, la posibilidad de traquita en bloque es muy remota’. Ylo palpable de estudios recientes nos indica lo mismo: la traquita no es explotable y su valor es cero. ¿Cómo es posible entonces que se otorgue un valor de 20.000 millones por 30 años de negocio a futuro?
—¿Cómo?
—Porque se da un caso insólito: la inversión cero es igual a beneficio infinito.
—Concrete, por favor. Usted es quien mejor conoce el caso.
—Tebeto es un atraco al bolsillo de los canarios donde al atracador no se le pone resistencia.
—¿Rafael Bittini?
—No está él solo; hay varios más. Es imposible que haya sorteado tal cantidad de obstáculos sin ayuda. Bittini ha tenido el apoyo de políticos y altos funcionarios y de otros cuyos nombres esperamos conocer.
—¿Se reserva cartas?
—Tindaya salió bien y Tebeto se convirtió en Tindaya bis y, claro, la avaricia rompe el saco... Por eso digo que es el mayor caso de corrupción y el mayor escándalo social de la historia porque nunca un Gobierno ha sido condenado, ni siquiera en la Unión Europea, a pagar semejante cantidad. Había y hay muchas bocas esperando...
—Usted es aforada, es abogada, es socialista... Precise más con el fin de esclarecer los episodios oscuros del caso.
—Tindaya creo que es el escándalo de Coalición Canaria y Tebeto es el escándalo del Partido Popular. Jugaron al ‘yo te dejo, tú me dejas y si nos pillan, fue el PSOE’. Pues no, el PSOEno ha sido y un día saldrá a relucir la verdad con los nombres. El PSOE es el único que actuó bien en Tebeto al declarar la caducidad del expediente y gracias a esa acción, se quitó la especulación, y gracias a esa acción, Canteras de Cabo Verde no es propietaria de Chantal-23. Además, el caso, por muy voluminoso que sea, pone de manifiesto a día de hoy, la disposición del vicepresidente económico a pagar frente a la oposición del presidente de no pagar.
—¿Cuándo llegará el día que reluzca la verdad?
—Hay que esperar al Supremo. Tebeto es un caso vivo, ni está cerrado ni terminado. Estamos en plena transición y puede haber otros recursos extraordinarios ante el Supremo en el caso de que fuera desfavorable.
—¿También hay dos denuncias ante la Fiscalía que ya se están procesando?
—Pero la Fiscalía no puede estar a la espera de hipótesis. El Ministerio Público tiene una gran oportunidad para velar por el interés general, pero hace falta obligatoriamente que se hagan de una vez los sondeos en Tebeto. ¡Es que no se han hecho! Y mientras no se hagan no habrá justicia. Esos sondeos no cuestan ni 70.000 euros.
—Pero hay estudios.
—Sí, pero no se ha picado y la Fiscalía puede encargarlo.
—¿Usted que intuye?
—Que la traquita está rota como una tarta despedazada.
—La denuncia de Santiago Pérez no contó con su firma, sólo con sus compañeras, también letradas, Gloria Gutiérrez y Eulalia Guerra. ¿Por qué?
—No estaba ese día en Tenerife, pero la hubiera firmado.—¿Irá a declarar? Usted era la secretaria general técnica de la Consejería de Industria en 1993.—Si me llaman, claro, pero conviene aclarar muchos conceptos de ese año en adelante. El primero de todos es que las decisiones las tomaba el consejero (Andrés Calvo, q.e.p.d.), y yo, al igual que hace ahora Cristina de León[la secretaria actual], notificaba las órdenes. Además, la caducidad se aplicó a un permiso de investigación (el Chantal-23) otorgado a Rafael Bittini y no a Canteras de Cabo Verde. Y ojo a este dato porque es clave para entender la historia. Un permiso de investigación no es una concesión, es un título minero en un terreno perimetral. El permiso lo concedió la Delegación Provincial de Minas en 1982 y se lo dio al señor Bittini (y no a la empresa, repito) por un año. ¡Un año! Un año sobre 36 cuadrículas mineras de Tebeto. Y, cuidado, porque en derecho minero, los plazos son implacables e improrrogables. El PSOE tomó el expediente en 1993 y vimos que el permiso llevaba 10 años inactivo. Aplicamos la Ley de Minas de 1973 y ejecutamos la caducidad porque el PSOEvio claro que no se puede retener un título minero para especular.
[Texto íntegro de la entrevista en la edición impresa].
Fuente: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=146967
jueves, 5 de noviembre de 2009
El auto del aval de Tebeto es un paso para no pagar
El presidente del Gobierno de Canarias valora positivamente la última resolución del TSJC
EFE / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, dijo hoy que la última resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es un "paso más" en el objetivo de no pagar ni un solo céntimo de euro por Montaña Tebeto, en Fuerteventura.
Rivero respondió así al ser preguntado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de que no se efectúe el pago fraccionado de los 101 millones de euros con los que el Gobierno tiene que indemnizar a canterías Cabo Verde hasta que no se modifique las condiciones del aval que esta empresa suscribió con una entidad bancaria.
En ese auto el TSJC desestima el recurso de súplica presentado pro al Comunidad Autónoma contra el pago fraccionado pero establece que este no se produzca hasta que no se modifique el aval, tal y como también había pedido el Gobierno canario.
El presidente canario aseguró que se llegará hasta el final, que es, añadió, evitar definitivamente que un empresario "en apuros" se aproveche de los recursos de todos los canarios.
"Vamos a llegar hasta el final" para evitar que un empresario se beneficie de casi dos mil millones de pesetas por algo que "no vale nada o casi nada", insistió Paulino Rivero, quien recordó que los sondeos dicen que el subsuelo de montaña Tebeto "no vale nada".
Respecto a utilizar la vía penal, como sugieren los socialista, el presidente canario replicó que la vía que da resultado hasta ahora es la del Gobierno canario.
Paulino Rivero dijo que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias "tumba" un aval que el Gobierno de Canarias consideraba que no tenía las suficientes garantías.
Rivero respondió así al ser preguntado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de que no se efectúe el pago fraccionado de los 101 millones de euros con los que el Gobierno tiene que indemnizar a canterías Cabo Verde hasta que no se modifique las condiciones del aval que esta empresa suscribió con una entidad bancaria.
En ese auto el TSJC desestima el recurso de súplica presentado pro al Comunidad Autónoma contra el pago fraccionado pero establece que este no se produzca hasta que no se modifique el aval, tal y como también había pedido el Gobierno canario.
El presidente canario aseguró que se llegará hasta el final, que es, añadió, evitar definitivamente que un empresario "en apuros" se aproveche de los recursos de todos los canarios.
"Vamos a llegar hasta el final" para evitar que un empresario se beneficie de casi dos mil millones de pesetas por algo que "no vale nada o casi nada", insistió Paulino Rivero, quien recordó que los sondeos dicen que el subsuelo de montaña Tebeto "no vale nada".
Respecto a utilizar la vía penal, como sugieren los socialista, el presidente canario replicó que la vía que da resultado hasta ahora es la del Gobierno canario.
Paulino Rivero dijo que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias "tumba" un aval que el Gobierno de Canarias consideraba que no tenía las suficientes garantías.
miércoles, 4 de noviembre de 2009
''Sin margen'' para evitar el pago de 'Montaña Rayada'
El portavoz y viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, admitió este martes que "desde el punto de vista procedimental no queda margen de maniobra ninguno" para evitar el pago de la indemnización de 33 millones de euros a los propietarios de Montaña Rayada en Fuerteventura, y "de ahí la decisión obligada" del Ejecutivo regional de efectuar las correspondientes retenciones de crédito para afrontar ese pago".
En rueda de prensa en la capital grancanaria tras el Consejo de Gobierno, Marrero subrayó que se trata de "una sentencia firme" dictada por el Tribunal Supremo y destacó que el escrito, presentado por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma al Alto Tribunal para que anule dicha resolución condenatoria contra el Ejecutivo regional, "no suspende la firmeza de la sentencia, con lo que no queda otra que continuar con el trámite que hay en marcha y acatar la sentencia".
"Para poder exigir justicia a la justicia, como está haciendo el Gobierno con el caso Tebeto, hay que acatar la justicia cuando es firme y el caso de Montaña Rayada es firme", reiteró el portavoz del Ejecutivo regional, que no pudo precisar en cuánto tiempo se hará efectivo dicho pago.
A la espera de las resoluciones para 'Tebeto'
Por otro lado, sobre el caso Tebeto por el que el Gobierno canario ha sido condenado a pagar más de 100 millones de euros a la empresa Canteras Cabo Verde, Marrero recordó que se está "a la espera de dos resoluciones judiciales", una de ellas relacionada con la solicitud de la administración del aplazamiento del pago que se había establecido.
La otra resolución se refiere a la garantía del aval aportado por la empresa y que adquiría "plena vigencia cuando se depositaran 101 millones de euros". El Gobierno pide una aclaración al respecto entiende que "no está garantizado el depósito del dinero público".
''Tranquilidad'' por la actuación del Estado de derecho
Martín Marrero, aseguró que el Ejecutivo "tiene la tranquilidad de que el Estado de Derecho está actuando" en los presuntos casos de corrupción acontecidos en las islas.
"Esto es algo que está en manos de la justicia y de los jueces y dejemos a la justicia hacer su trabajo, sin que desde otras instancias se intente asumir el papel de los jueces o de los fiscales", aseguró Marrero en rueda de prensa en la capital grancanaria tras el Consejo de Gobierno y ante los datos que sitúan al archipiélago a la cabeza del país en procedimientos junto a Madrid y Andalucía.
Y es que los casos de presunta corrupción abiertos por los tribunales canarios se han saldado, de momento, con el ingreso en prisión de tres personas y la imputación de más de 200, entre políticos, funcionarios y empresarios en los principales casos abiertos en las islas, según datos recopilados por Europa Press.
martes, 3 de noviembre de 2009
´Las casetas de Isla de Lobos tendrán que desaparecer´
´Las casetas de Isla de Lobos tendrán que desaparecer´
El Gobierno de Canarias tiene intención de obtener el dominio público de la isla
Isla de Lobos. LP/DLP
CAROLINA SANTOS/ACN PRESS El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, declaró su intención de iniciar conversaciones con el Cabildo de Fuerteventura para determinar actuaciones conjuntas encaminadas a obtener el dominio público de la isla de Lobos, que actualmente es de titularidad estatal, y anunció estudiar el estado que presentan las casetas, algunas con fines comerciales, y refugios, emplazados junto al muelle del islote. "La isla de Lobos está incorporada al dominio público marítimo y terrestre del Estado, desde que fuera cedida casi en su totalidad por la cadena hotelera Riu al patrimonio estatal, y es intención del Gobierno de Canarias pedir que ese patrimonio pase a formar parte del patrimonio de la Comunidad Autónoma canaria, para lo que acordaremos con el Cabildo de Fuerteventura un plan de actuaciones conjuntas encaminadas a lograr este objetivo", declaró el consejero Berriel a ACN Press. Apenas hace un mes que la Isla de Lobos recibía la visita de la reina doña Sofía para inaugurar su Centro de Interpretación, cuando de nuevo vuelve a ser noticia por dos motivos diferentes. De un lado, los derechos de patrimonio territorial, y por otro, las actuaciones a desarrollar a medio y corto plazo sobre las casetas y antiguos refugios que se levantan próximos a la zona de atraque que ofrece la isla a las embarcaciones locales que transportan a turistas y visitantes. "Estas casetas tendrán que desaparecer", afirma en un primer momento el consejero, "a no ser que presenten o se establezcan unos derechos determinados, pero lo que esta claro es que de mantenerse han de cambiar la imagen que ofrecen hoy día, y presentar un aspecto bien conservado, arreglado y estéticamente adecuado", añade Berriel.Otro de los aspectos que interesa al consejero regional es aumentar la vigilancia en la Isla de Lobos, ejorar y mantener los senderos y financiar estas actuaciones con los recursos que propicie la dinamización de la Isla. "Tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias tienen un interés común en que la isla de Lobos esté en las mejores de las situaciones para aumentar la visita de turistas, y aumente la vigilancia sobre el entorno natural, para lo cual hace falta dinamizarla y obtener recursos, pero insito todo dentro de un orden que esta previsto en el Plan Rector de Uso y Gestión ya aprobado", concluye el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
jueves, 29 de octubre de 2009
El juez archiva la querella contra Claudina Morales
Estaba imputada por una presunta prevaricación en las licencias de las viviendas de Majanicho
ANTONIO CABRERA
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, José Guzmán Herrero, decretó ayer el archivo provisional de la querella contra la presidenta de Coalición Canaria (CC) y ex alcaldesa de La Oliva, que estaba imputada por un presunto delito de prevaricación en relación a las licencias de primera ocupación y las cédulas de habitabilidad de las viviendas de Majanicho, al estimar que no se ha acreditado los hechos denunciados. La parte demandante, la promotora Nombredo SL, anunciaron a este periódico que recurrirán auto judicial no sólo mediante un recurso de reforma "sino subsidiario de apelación ante la Audiencia provincial".
Nombredo SL presentó una querella criminal contra la ex alcaldesa al considerar que no otorgó las licencias de primera ocupación y cédulas de habitabilidad de las 748 viviendas en Majanicho acusándola de frenar la venta de los inmuebles y ocasionándole un daño económico cercano a los 82 millones.
La presidenta nacionalista alegó en su declaración ante el juez el pasado viernes que no concedió la cédula de habitabilidad para las casas de Majanicho porque había informes desfavorables. Igualmente, rechazó la imputación alegando que no recepcionó en nombre del Ayuntamiento de La Oliva las obras de la urbanización del Plan Parcial Casas de Majanicho porque la entidad querellante no cumplió su compromiso de no solicitar la licencia hasta que estuvieran en condiciones de funcionamiento los suministros de agua, energía eléctrica y las redes de alcantarillado en la urbanización.
Igualmente, según la presidenta de CC, hasta marzo de 2007 la urbanización carecía de autorización alguna para la instalación de las preceptivas depuradoras y desaladoras de aguas. La solicitud de estas instalaciones no fue aceptada por el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, según la denunciada, hasta el 14 de marzo de 2007.
La ex alcaldesa de La Oliva mostró su satisfacción tras conocer el auto judicial. "Estoy contenta porque como habíamos dicho siempre obramos sin ninguna intención de prevaricar como decía la querella, sino conforme a la legalidad y a los informes emitidos. Ahora nos toca esperar si hay algún recurso por la otra parte".
En opinión de Morales el arquitecto técnico municipal hizo constar en mayo de 2007 que quedaban pendientes de aportar por la entidad querellante las escrituras de declaración de obra nueva, los modelos 902-S de alta catastral y los justificantes de alta en el padrón de basura domiciliaria, entre otros documentos. Sobre este particular, Morales añadió que en mayo de 2007 la oficina técnica desaconsejaba la recepción de las obras, llegando a emitir el técnico municipal hasta tres informes desfavorables al respecto.
La parte denunciante, Nombredo SL, dispone, según el acto judicial emitido ayer en Puerto del Rosario, de tres días para interponer ante el Juzgado el recurso de reforma, así como cinco días para el recurso de apelación ante la Audiencia.
Fuente: http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2009/10/29/juez-archiva-querella-claudina-morales/266000.html
ANTONIO CABRERA
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, José Guzmán Herrero, decretó ayer el archivo provisional de la querella contra la presidenta de Coalición Canaria (CC) y ex alcaldesa de La Oliva, que estaba imputada por un presunto delito de prevaricación en relación a las licencias de primera ocupación y las cédulas de habitabilidad de las viviendas de Majanicho, al estimar que no se ha acreditado los hechos denunciados. La parte demandante, la promotora Nombredo SL, anunciaron a este periódico que recurrirán auto judicial no sólo mediante un recurso de reforma "sino subsidiario de apelación ante la Audiencia provincial".
Nombredo SL presentó una querella criminal contra la ex alcaldesa al considerar que no otorgó las licencias de primera ocupación y cédulas de habitabilidad de las 748 viviendas en Majanicho acusándola de frenar la venta de los inmuebles y ocasionándole un daño económico cercano a los 82 millones.
La presidenta nacionalista alegó en su declaración ante el juez el pasado viernes que no concedió la cédula de habitabilidad para las casas de Majanicho porque había informes desfavorables. Igualmente, rechazó la imputación alegando que no recepcionó en nombre del Ayuntamiento de La Oliva las obras de la urbanización del Plan Parcial Casas de Majanicho porque la entidad querellante no cumplió su compromiso de no solicitar la licencia hasta que estuvieran en condiciones de funcionamiento los suministros de agua, energía eléctrica y las redes de alcantarillado en la urbanización.
Igualmente, según la presidenta de CC, hasta marzo de 2007 la urbanización carecía de autorización alguna para la instalación de las preceptivas depuradoras y desaladoras de aguas. La solicitud de estas instalaciones no fue aceptada por el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, según la denunciada, hasta el 14 de marzo de 2007.
La ex alcaldesa de La Oliva mostró su satisfacción tras conocer el auto judicial. "Estoy contenta porque como habíamos dicho siempre obramos sin ninguna intención de prevaricar como decía la querella, sino conforme a la legalidad y a los informes emitidos. Ahora nos toca esperar si hay algún recurso por la otra parte".
En opinión de Morales el arquitecto técnico municipal hizo constar en mayo de 2007 que quedaban pendientes de aportar por la entidad querellante las escrituras de declaración de obra nueva, los modelos 902-S de alta catastral y los justificantes de alta en el padrón de basura domiciliaria, entre otros documentos. Sobre este particular, Morales añadió que en mayo de 2007 la oficina técnica desaconsejaba la recepción de las obras, llegando a emitir el técnico municipal hasta tres informes desfavorables al respecto.
La parte denunciante, Nombredo SL, dispone, según el acto judicial emitido ayer en Puerto del Rosario, de tres días para interponer ante el Juzgado el recurso de reforma, así como cinco días para el recurso de apelación ante la Audiencia.
Fuente: http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2009/10/29/juez-archiva-querella-claudina-morales/266000.html
miércoles, 21 de octubre de 2009
Reivindicación en defensa de Tindaya
Publicación en un blog sobre Fuerteventura
Acción reivindicativa en defensa de Tindaya
El pasado 9 de octubre, sin incidentes de ningún tipo y de manera totalmente respetuosa, decenas de ciudadanos, que eran mayoría en la inauguración de la exposición de Chillida en la Fundación Cristino de Vera en La Laguna, desplegaron sus carteles o hicieron visibles sus camisetas cuando Ignacio Chillida Belzunce, hijo del escultor vasco, hizo uso de la palabra.
Incluso para los que de alguna u otra forma se habían citado para este acto de protesta, por el que se vuelve a pedir a la familia Chillida que renuncie a este proyecto demoledor para con lo más valioso de nuestro patrimonio natural y cultural, resultó completamente sorpresiva la capacidad de convocatoria (que en ningún momento se hizo pública) puesto que allí se encontraron, sin haberlo acordado previamente, desde estudiantes majoreros hasta ecologistas de Tenerife pasando por representantes de partidos políticos o asociaciones culturales.
Fuente: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com/
Acción reivindicativa en defensa de Tindaya
El pasado 9 de octubre, sin incidentes de ningún tipo y de manera totalmente respetuosa, decenas de ciudadanos, que eran mayoría en la inauguración de la exposición de Chillida en la Fundación Cristino de Vera en La Laguna, desplegaron sus carteles o hicieron visibles sus camisetas cuando Ignacio Chillida Belzunce, hijo del escultor vasco, hizo uso de la palabra.
Incluso para los que de alguna u otra forma se habían citado para este acto de protesta, por el que se vuelve a pedir a la familia Chillida que renuncie a este proyecto demoledor para con lo más valioso de nuestro patrimonio natural y cultural, resultó completamente sorpresiva la capacidad de convocatoria (que en ningún momento se hizo pública) puesto que allí se encontraron, sin haberlo acordado previamente, desde estudiantes majoreros hasta ecologistas de Tenerife pasando por representantes de partidos políticos o asociaciones culturales.
Fuente: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com/
viernes, 25 de septiembre de 2009
NC insta al Gobierno canario a crear una comisión de investigación para esclarecer el 'Caso Tebeto'
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
Nueva Canarias (NC) instó hoy al Gobierno autonómico a que establezca una comisión de investigación para "esclarecer las responsabilidades" sobre el 'Caso Tebeto' en Fuerteventura ante la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que condena al Ejecutivo a pagar 103 millones de euros a Canteras Cabo Verde.
La organización nacionalista insiste en un comunicado en que dicha resolución es "injusta y desproporcionada, sobre todo después de que se conocieran los resultados de un informe encargado por el propio Gobierno de Canarias para establecer el valor de la montaña de Tebeto", contigua a Tindaya.
Igualmente, acusa al Ejecutivo autonómico de no haber sido "todo lo diligente que debiera para defender el interés general del de un particular que no ha generado ni un solo puesto de empleo ni un euro de riqueza para el archipiélago".
No obstante, considera que "el Gobierno de Canarias sí es competente para averiguar dónde se ha fallado y despejar las responsabilidades de un asunto que mantiene en jaque a las arcas públicas canarias".
Así, NC considera "mucho más apropiado que los diputados canarios dediquen su tiempo a depurar el caso en vez de destinarlo a investigar sobre asuntos que no están en las competencias del Gobierno autonómico como es la investigación de los menores desaparecidos", una comisión que la organización nacionalista considera "vergonzosa y demagógica puesto que, ya los mandos policiales han denegado su participación y porque no va a resolver nada a las familias que están pasando por tan dramática situación
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