Sentecia de las Torres del Canódromo

En esta web www.canariasahora.es/.../f5f107ff1df959d50c0b68348e1ae414.pdf podemos encontar la sentencia del caso de las Torres del Canódromo que recomiendo ojear y comparar con lo que se publica en la prensa, pues ayuda a tener una visión más clara del asunto.

Suenan los tambores en el Canódromo

La primera en dar explicaciones de la resolución que nadie vio y ordenaba impugnar el Plan Especial del Canódromo ha sido Pepa Luzardo, pero para quitarse de en medio: "No sabía nada. Son cosas del Gobierno". Señala así a Australia Navarro, que era consejera de Presidencia y Justicia en el momento de la omisión, y a día de hoy es la presidenta del PP de Gran Canaria y posible candidata a la Alcaldía de la ciudad.

Suenan los tambores. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunciaba hace una semana que “el círculo se cierra” y apostillaba: “alguien va a tener que dar explicaciones”. Este lunes, Néstor Hernández, concejal de Ordenación Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, ha mentado a varias personas que están dentro del círculo. Y ha apuntado hacia otras. Se sorprendió que después de la resolución que ordenaba impugnar el pleno que acordó el Plan Especial del Canódromo, publicada por este periódico el pasado viernes, “nadie haya salido a dar explicaciones”.

La primera en responder fue Pepa Luzardo. Declaró a distintos medios de comunicación que no tenía conocimiento, hasta el viernes, de la mencionada resolución. De hecho, se mostró sorprendida. “Son trámites internos del Gobierno de Canarias”. Señala, de esta manera, a su compañera de partido y posible rival por la Alcaldía de la ciudad, María Australia Navarro.
El Ayuntamiento está a la espera. Con una sentencia firme del TSJC, el grupo de Gobierno va dando pequeños pasos. Hernández no se cansa de repetirlo. “Con el camino despejado, todo se va viendo más claro”. Este lunes, por ejemplo, se procedió a anular la licencia de obra de Realia y pasar al precintado de las torres del Canódromo, situadas en el barrio capitalino de Schamann. “Con toda la urgencia, pero con toda la pausa”, tal y como apuntaba Hernández. Siguen con la estrategia de “actuar con la cabeza y no con el corazón”.

El informe jurídico que solicitó el Ayuntamiento ha dictaminado que se decrete el precinto de las torres del Canódromo. No ve, este servicio jurídico, impedimento para ello a pesar de que el pleito sobre el Plan Especial del Canódromo se encuentra en el Supremo. Sobre la demolición de las mismas, aún no se ha decidido nada.

Comisión de investigación

Hernández añadió que la resolución que desvelaba CANARIAS AHORA el pasado viernes ha sido incorporada a la comisión de investigación interna que puso en marcha el Consistorio.
El concejal dio nombres y apellidos. José Manuel Soria y Pepa Luzardo, como responsables del Consistorio en los dos mandatos anteriores “escucharon a muchas voces de particulares, de cargos públicos y administraciones que alertaban de la irregular tramitación de este expediente”. Además, dijo que el hundimiento del parque del Canódromo y el puente de Obispo Romo tienen que ver con esta tramitación "irregular".

Posibles consecuencias en el PP

Por su parte, desde el Partido Popular se teme la implicación de Navarro en la presunta trama. “Es la presidenta del PP en Gran Canaria, puede tener consecuencias para el partido”, señalaba un cargo público popular. Otro dirigente es más cauto: “Vamos a seguir esperando como termina todo, luego se hablará”. A pesar del sonido de los tambores, María Australia Navarro sigue sin dar explicaciones de lo sucedido.

El Ayuntamiento anula la licencia del Canódromo.Néstor Hernández: "Lo que tenemos que administrar es una pesada herencia, una pesadísima losa"

Artículo Periodístico:La Provincia-Diario de Las Palmas (26/10/09)


EFE El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado la licencia de las obras de las Torres del Canódromo cumpliendo con la sentencia firme así lo requería y ha ordenado su precinto, si bien no decidirá si hay que demolerlas hasta estudiarlo "muy mucho", ante la posibilidad de que ello genere indemnizaciones multimillonarias. "Buscar lo mejor para el interés general" será el afán que guíe la decisión que se adopte respecto a la cuestión por el gobierno actual, declaró hoy el concejal de Urbanismo, el socialista Néstor Hernández, que, en una rueda de prensa que convocó sobre el asunto, insistió en que su partido se opuso a esa licencia, que otorgó el PP, pero ahora debe estudiar las consecuencias antes de actuar. "Con independencia de lo que opinemos, sí tenemos claro que tenemos que actuar con la cabeza bien fría", ya que, según dijo, si bien los socialistas "desde hace dos mandatos alertaron sobre la irregularidad en la tramitación de esa licencia", ahora deben gestionar sus consecuencias como gobierno municipal pensando en evitar posibles daños graves al presupuesto por indemnizaciones. "Lo que tenemos que administrar es una pesada herencia, una pesadísima losa", calificó. Añadió que, por todo ello, los gobernantes del Ayuntamiento han decidido "ir con mucha cautela" y no decidir nada hasta hacer una reflexión y recabar informes jurídicos fiables sobre qué se debe y puede o no hacer. De hecho, explicó que la suspensión inmediata y el precintado de las obras de las torres, que no supone más que la confirmación de una medida que ya se aplicó, aunque de forma cautelar entonces, el pasado julio, sólo se ha decidido hoy, pese a que la sentencia firme que lo ha determinado se conoció el jueves pasado, en espera de un primer informe de los servicios jurídicos recibido esta mañana. Habrá que esperar por nuevos y más detallados informes que aborden aspectos más sustanciales de la cuestión para aclarar cuestiones como la demolición o no de las obras, en la medida en que aún está pendiente de resolución por el Tribunal Supremo el asunto de si es o no nulo, igual que la licencia de obras, el plan especial urbanístico de acuerdo al cual se concedió aquella en su momento. Así lo dijo Hernández, que, por todo lo expuesto, reiteró: "hay que esperar, no nos anticipemos".

El Canódromo no trota, sino galopa

El PSC regional insta al Ayuntamiento a que "llegue hasta el final". La resolución clave que fue obviada por el PP, en el centro de la presunta trama.
La situación derivada de la actuación que permitió el acuerdo plenario de 2003 en el que se aprobó el Plan Especial del Canódromo va camino de convertirse en una pesadilla para Las Palmas de Gran Canaria y, también, para el Partido Popular. Esta semana ha dejado su paso sereno, el caso del Canódromo, para comenzar a galopar en busca de responsables.
Después de que "Canarias ahora" publicara esta semana una resolución, emitida por Ordenación Territorial, que obvió, en favor de la tranquilidad del PP municipal, la ex portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, María Australia Navarro, se ha sabido que tal resolución obra en manos de la Fiscalía por su posible implicación en una trama para sacar adelante el Plan Especial del Canódromo aún contraviniendo e ignorando las resoluciones de Medio Ambiente y Política Territorial. Navarro, a pesar de aceptar en primera instancia, no pudo hacer declaraciones este viernes a este medio, dado el impedimento que puso el partido en el que milita de que así lo hiciera.
La resolución de Ordenación Territorial, que se ha situado en el centro de la polémica, estaba dirigida expresamente a la Viceconsejería de Administración Pública, que cuelga de Presidencia y Justicia. María Australia Navarro, que fuera portavoz del PP en esta misma legislatura, era la consejera de la mencionada cartera y responsable máxima de que ese informe quedara en un cajón y ni siquiera hubiera otra resolución contradictoria. Por ser Parlamentaria, si el juez la implicara, el caso sería elevado al TSJC, dada su condición de aforada.
La viceconsejera de Administración Pública era entonces Francisca Sarmiento. Los dirigentes del Partido Popular consultados por CANARIA AHORA no tapan que Sarmiento era una persona de confianza de María Australia Navarro. "Llegó a la viceconsejería de su mano, la controlaba". Apuntan también a una relación de asesoramiento previo al acceso de Navarro a la Consejería de Presidecia y Justicia. Sarmiento ha trabajado para el PP, pero también para el PSOE, en Telde, como directora de Urbanismo.
“Que lleguen hasta el final”
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está actuando con cautela. “Con la cabeza y no con el corazón”, como decía esta misma semana Sebastián Franquis, portavoz de la institución. Aseguran en el Consistorio que esperan el informe jurídico encargado. Este documento será el que marque la línea de acción.
El PSC regional se muestra firme y pide al Ayuntamiento de la capital de Gran Canaria que “llegue hasta el final”. Así dijo Sandra Rodríguez, responsable de Justicia y Seguridad del PSC, porque existe la posibilidad de que se deriven consecuencias penales.
Además de la presunta omisión de la Consejería de Presidencia y Justicia, Rodríguez aseguró que “vender por debajo del precio real, tal y como se hizo, puede tener consecuencias, aunque eso es el juez quien lo debe dictaminar”. Además, si hubiese lucro por parte de algunos de los que sellaron el convenio “sería cohecho”.
Juan Fernando López Aguilar, Secretario General del PSC, alertó por su parte, “de otra obligación que le ha caído al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la anulación de una licencia otorgada cuando gobernaba con mayoría absoluta el PP”. Pidió, eso sí, al alcalde de la ciudad, Jerónimo Saavedra, que se centre “en los ciudadanos”, en referencia a la entrevista que concedió el pasado viernes a la Televisión Canaria en la que “no habló de paro, sino del PSC y de sus intereses”.

Realia dice que no puede parar la obra del Canódromo

La promotora avisa que anular la obra le obliga a despedir a cien trabajadores


Business, la promotora de las torres del Canódromo cuya licencia de construcción ha vuelto a ser anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), advirtió ayer que la paralización de estas obras afectará al menos a cien familias de otros tantos trabajadores relacionados directamente con el proyecto y que perderán sus puestos de empleo por esta causa.


Mediante un comunicado hecho público ayer, Realia se apresuró a puntualizar además que este fallo del TSJC no supone el fin del proceso y por tanto que se tenga que derribar las torres, como piden los vecinos, ya que aún se está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo. "La nulidad de la licencia tiene su causa en la anulación previa del planeamiento del que deriva, por sentencia que aún no es firme y que ha sido recurrida previamente en casación ante el Tribunal Supremo. Por lo tanto, la solución final del contencioso deberá pasar necesariamente por una Resolución firme del Alto Tribunal", recoge el comunicado de la empresa.


Realia asegura en el mismo texto que en el Canódromo ha actuado con "riguroso" cumplimiento de la Ley tras obtener todos los permisos y licencias de obras preceptivos del Ayuntamiento. "Realia mantiene la defensa de los legítimos intereses de sus clientes, las familias afectadas y los suyos propios, ante todas las instancias", asegura el comunicado.


La empresa incide también en el daño que se ocasiona a aquellas familias que ya habían comprado un piso en las torres. "La suspensión de las obras se ha tornado en decepción de los clientes que habían depositado sus ahorros e ilusión en una nueva vivienda, independientemente de que Realia les ha garantizado la devolución de su dinero con los correspondientes intereses".


En este sentido, la promotora se dirige incluso a los comerciantes de la zona y les avisa de la merma de ingresos que sufrirán al quedarse sin los potenciales clientes de las 120 viviendas previstas. "Por otra parte, el proyecto El Canódromo ha generado ya ventajas sociales para los vecinos de la zona puesto que ha permitido dotarla de un parque público y una biblioteca municipal, que ya están en funcionamiento", recoge el comunicado.

La obra del Canódromo es ilegal

Se hace pública la sentencia que declara la ilegalidad de las torres de Schamann. El Ayuntamiento deberá indemnizar a la constructora .

Nueva vuelta de tuerca en el culebrón Canódromo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma la nulidad de la licencia de obra otorgada por el Ayuntamiento capitalino a Realia para edificar las dos famosas torres del Canódromo en el barrio de Schamann.La ejecución constituye el pago de una importante indemnización y probablemente la demolición de la obra. El Tribunal le da la la razón colectivo vecinal Avecalta y condena la actuación del consistorio capitalino con Realia el pasado 20 de marzo de 2006.La resolución judicial en primera instancia, ahora confirmada por la Sala, se limitó a suscribir los argumentos expuestos por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en las dos sentencias previas que anularon el Plan Especial, la primera de ellas fechada el 3 de septiembre de 2007, y la segunda, a instancias de la citada asociación, el pasado 10 de enero.