Estaba imputada por una presunta prevaricación en las licencias de las viviendas de Majanicho
ANTONIO CABRERA
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, José Guzmán Herrero, decretó ayer el archivo provisional de la querella contra la presidenta de Coalición Canaria (CC) y ex alcaldesa de La Oliva, que estaba imputada por un presunto delito de prevaricación en relación a las licencias de primera ocupación y las cédulas de habitabilidad de las viviendas de Majanicho, al estimar que no se ha acreditado los hechos denunciados. La parte demandante, la promotora Nombredo SL, anunciaron a este periódico que recurrirán auto judicial no sólo mediante un recurso de reforma "sino subsidiario de apelación ante la Audiencia provincial".
Nombredo SL presentó una querella criminal contra la ex alcaldesa al considerar que no otorgó las licencias de primera ocupación y cédulas de habitabilidad de las 748 viviendas en Majanicho acusándola de frenar la venta de los inmuebles y ocasionándole un daño económico cercano a los 82 millones.
La presidenta nacionalista alegó en su declaración ante el juez el pasado viernes que no concedió la cédula de habitabilidad para las casas de Majanicho porque había informes desfavorables. Igualmente, rechazó la imputación alegando que no recepcionó en nombre del Ayuntamiento de La Oliva las obras de la urbanización del Plan Parcial Casas de Majanicho porque la entidad querellante no cumplió su compromiso de no solicitar la licencia hasta que estuvieran en condiciones de funcionamiento los suministros de agua, energía eléctrica y las redes de alcantarillado en la urbanización.
Igualmente, según la presidenta de CC, hasta marzo de 2007 la urbanización carecía de autorización alguna para la instalación de las preceptivas depuradoras y desaladoras de aguas. La solicitud de estas instalaciones no fue aceptada por el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, según la denunciada, hasta el 14 de marzo de 2007.
La ex alcaldesa de La Oliva mostró su satisfacción tras conocer el auto judicial. "Estoy contenta porque como habíamos dicho siempre obramos sin ninguna intención de prevaricar como decía la querella, sino conforme a la legalidad y a los informes emitidos. Ahora nos toca esperar si hay algún recurso por la otra parte".
En opinión de Morales el arquitecto técnico municipal hizo constar en mayo de 2007 que quedaban pendientes de aportar por la entidad querellante las escrituras de declaración de obra nueva, los modelos 902-S de alta catastral y los justificantes de alta en el padrón de basura domiciliaria, entre otros documentos. Sobre este particular, Morales añadió que en mayo de 2007 la oficina técnica desaconsejaba la recepción de las obras, llegando a emitir el técnico municipal hasta tres informes desfavorables al respecto.
La parte denunciante, Nombredo SL, dispone, según el acto judicial emitido ayer en Puerto del Rosario, de tres días para interponer ante el Juzgado el recurso de reforma, así como cinco días para el recurso de apelación ante la Audiencia.
Fuente: http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2009/10/29/juez-archiva-querella-claudina-morales/266000.html
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La presidenta de Coalición Canaria (CC) y ex alcaldesa de La Oliva alegó ayer en los Juzgados de Puerto del Rosario que no concedió las licencias de primera ocupación y las cédulas de habitabilidad de las viviendas de la urbanización Origo Mare, en Majanicho, porque los informes eran desfavorables.
ResponderEliminarLa líder nacionalista fue acusada por la empresa promotora Nombredo SL, de denegar de forma arbitraria no sólo las licencias de primera ocupación, sino las cédulas de habitabilidad, así como boicotear durante su etapa de regidora de La Oliva la recepción de las obras de urbanización de la citada urbanización. La empresa demandante se ha visto envuelta además en una situación actual de crisis económica dónde el sector de la construcción es bastante afectado.
La presidenta de CC presentó al juez, en su defensa, varios documentos donde se recoge que existían tres informes negativos para poder otorgar las autorizaciones a la promotora urbanística.