Luengo: "Bittini tuvo respaldo de políticos y altos funcionarios"

CANARIAS7 publica este domingo en la edición impresa una amplia entrevista con la diputada socialista Paquita Luengo, que analiza el 'caso Tebeto'.

—¿Por qué muestra tantas cautelas sobre el aval del Lloyds a Rafael Bittini, cuando es un banco que ha recibido aportaciones de capital del Gobierno británico?
—Porque si algo nos ha enseñado esta crisis financiera que arrastramos desde 2007, son los grandes castillos que se han derrumbado; ¡lo deLehman Brothers era impensable! Hoy en día todas las cautelas son pocas cuando hablamos de exigir las máximas garantías si se da el caso de que Canarias tenga que recobrar 20.000 millones de las antiguas pesetas.
—¿Está entonces de acuerdo con la estrategia del Gobierno sobre el perfil del aval?
—No es que esté de acuerdo, es que a este Gobierno no le puede valer cualquier cosa. Porque si se paga, los más perjudicados serán, como siempre, los más débiles. Ahora bien, a mí me llama la atención que el Gobierno no haya asegurado la calidad del aval.
—¿A qué se refiere?
—Pues me sorprende que el Gobierno no haya tomado las precauciones debidas, sobre todo, el vicepresidente económico, que es quien debe velar por nuestro dinero.
—¿Quizás es una estrategia?
—El Lloyds no tiene una calificación óptima en las agencias de rating. Ahora mismo, está sometido a un proceso de desinversiones (el cierre de 600 oficinas) y el Gobierno británico estudia nuevas inyecciones de capital. Se le ha prohibido el reparto de bonus a sus directivos y el de dividendos. Hay razones sobradas para la precaución y más que para pagar, para recuperar el dinero.—Usted afirmó que Tebeto era el mayor caso de corrupción de la historia de Canarias. ¿Lo mantiene? —El PSOEsolicitó un contrainforme para rebatir el informe de Canteras de Cabo Verde, en el que expresábamos la necesidad de un sondeo para evaluar la existencia de minerales. Porque tomando como referencia zonas del proyecto de explotación de Bittini y del área aneja de La Molina, el valor real no pasa de 1,7 millones.
—Entonces, ¿cuál es la realidad?
—No la sabremos hasta que no se pique.
—¿Por qué está tan segura?
—Porque existe un antecedente crucial recogido en el informe de un ingeniero de 1982. Ese informe es un proyecto geológico presentado por Bittini para obtener el permiso de investigación Chantal-23, que nos dice: ‘En Tebeto, la posibilidad de traquita en bloque es muy remota’. Ylo palpable de estudios recientes nos indica lo mismo: la traquita no es explotable y su valor es cero. ¿Cómo es posible entonces que se otorgue un valor de 20.000 millones por 30 años de negocio a futuro?
—¿Cómo?
—Porque se da un caso insólito: la inversión cero es igual a beneficio infinito.
—Concrete, por favor. Usted es quien mejor conoce el caso.
—Tebeto es un atraco al bolsillo de los canarios donde al atracador no se le pone resistencia.
—¿Rafael Bittini?
—No está él solo; hay varios más. Es imposible que haya sorteado tal cantidad de obstáculos sin ayuda. Bittini ha tenido el apoyo de políticos y altos funcionarios y de otros cuyos nombres esperamos conocer.
—¿Se reserva cartas?
—Tindaya salió bien y Tebeto se convirtió en Tindaya bis y, claro, la avaricia rompe el saco... Por eso digo que es el mayor caso de corrupción y el mayor escándalo social de la historia porque nunca un Gobierno ha sido condenado, ni siquiera en la Unión Europea, a pagar semejante cantidad. Había y hay muchas bocas esperando...
—Usted es aforada, es abogada, es socialista... Precise más con el fin de esclarecer los episodios oscuros del caso.
—Tindaya creo que es el escándalo de Coalición Canaria y Tebeto es el escándalo del Partido Popular. Jugaron al ‘yo te dejo, tú me dejas y si nos pillan, fue el PSOE’. Pues no, el PSOEno ha sido y un día saldrá a relucir la verdad con los nombres. El PSOE es el único que actuó bien en Tebeto al declarar la caducidad del expediente y gracias a esa acción, se quitó la especulación, y gracias a esa acción, Canteras de Cabo Verde no es propietaria de Chantal-23. Además, el caso, por muy voluminoso que sea, pone de manifiesto a día de hoy, la disposición del vicepresidente económico a pagar frente a la oposición del presidente de no pagar.
—¿Cuándo llegará el día que reluzca la verdad?
—Hay que esperar al Supremo. Tebeto es un caso vivo, ni está cerrado ni terminado. Estamos en plena transición y puede haber otros recursos extraordinarios ante el Supremo en el caso de que fuera desfavorable.
—¿También hay dos denuncias ante la Fiscalía que ya se están procesando?
—Pero la Fiscalía no puede estar a la espera de hipótesis. El Ministerio Público tiene una gran oportunidad para velar por el interés general, pero hace falta obligatoriamente que se hagan de una vez los sondeos en Tebeto. ¡Es que no se han hecho! Y mientras no se hagan no habrá justicia. Esos sondeos no cuestan ni 70.000 euros.
—Pero hay estudios.
—Sí, pero no se ha picado y la Fiscalía puede encargarlo.
—¿Usted que intuye?
—Que la traquita está rota como una tarta despedazada.
—La denuncia de Santiago Pérez no contó con su firma, sólo con sus compañeras, también letradas, Gloria Gutiérrez y Eulalia Guerra. ¿Por qué?
—No estaba ese día en Tenerife, pero la hubiera firmado.—¿Irá a declarar? Usted era la secretaria general técnica de la Consejería de Industria en 1993.—Si me llaman, claro, pero conviene aclarar muchos conceptos de ese año en adelante. El primero de todos es que las decisiones las tomaba el consejero (Andrés Calvo, q.e.p.d.), y yo, al igual que hace ahora Cristina de León[la secretaria actual], notificaba las órdenes. Además, la caducidad se aplicó a un permiso de investigación (el Chantal-23) otorgado a Rafael Bittini y no a Canteras de Cabo Verde. Y ojo a este dato porque es clave para entender la historia. Un permiso de investigación no es una concesión, es un título minero en un terreno perimetral. El permiso lo concedió la Delegación Provincial de Minas en 1982 y se lo dio al señor Bittini (y no a la empresa, repito) por un año. ¡Un año! Un año sobre 36 cuadrículas mineras de Tebeto. Y, cuidado, porque en derecho minero, los plazos son implacables e improrrogables. El PSOE tomó el expediente en 1993 y vimos que el permiso llevaba 10 años inactivo. Aplicamos la Ley de Minas de 1973 y ejecutamos la caducidad porque el PSOEvio claro que no se puede retener un título minero para especular.

[Texto íntegro de la entrevista en la edición impresa].

Fuente: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=146967