Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hicieron sonar sus alarmas después de que cayera en sus manos un certificado técnico municipal que les alertó de que el desarrollo del solar de El Calero Alto, donde se iban a construir 78 casas y que estaban investigando a raíz de la denuncia de un particular afectado, obligaba a darle al Ayuntamiento en concepto de Patrimonio Municipal de Suelo 3.500 metros cuadrados. Como quiera que en el proyecto de reparcelación que aprobó el Ayuntamiento en 2005 para dar vía libre a esa urbanización no aparecían por ningún lado esos 3.500 metros, la Policía Nacional se puso en la pista de un posible quebranto del patrimonio público, según fuentes del caso.
Ese documento, emitido por un técnico municipal a instancias de la policía, propició que la UDEF tratara de averiguar si hubo confabulación entre los implicados en el expediente para hurtarle al Consistorio ese suelo y con ello beneficiar al particular, que en este caso es el promotor privado Félix Machín. La policía no tardó en dar con las supuestas claves. Por un lado, el arquitecto superior y redactor del Plan General de Ordenación, Jesús Álvarez, y por el otro el empresario, Machín. De hecho, fueron sus despachos los que registró la Policía.
El guión de esta presunta trama no tendría secretos. Álvarez, en su calidad de redactor del PGO, hace el único informe técnico que aparece en el expediente en el que viene a decir que la Unidad de Actuación (UA), tal y como está propuesta, se ajusta a lo que para ese suelo establece el PGO. Pero los datos que maneja la Policía, no son los mismos. No habla ese informe de los 3.500 metros cuadrados que debían ir para el Ayuntamiento, ni tampoco tiene en cuenta que hay un segundo propietario afectado por esta UA, al que una calle de la urbanización le corta la casa por la mitad. Se trata de Miguel Ángel Rodríguez Santiago, que fue quien denunció todo en julio de 2008. Dado que Álvarez recibió luego el encargo por parte de Machín de hacer el proyecto de ejecución de las 78 casas, la Policía entiende que el empresario le pagó el supuesto favor prestado dándole trabajo. Por eso a uno y otro se les imputa por cohecho.
Sin embargo, según fuentes del caso, la investigación podría haber dado un vuelco tras las declaraciones del miércoles. Sacaron a relucir que ese certificado técnico debió estar errado. Entre otas cosas, no se entiende que el promotor tenga que dar a la ciudad 3.500 metros cuando la parcela completa tiene 3.838. Según el PGO, ese suelo no estaba obligado a dar ni un metro al Consistorio, sino el valor en euros de los 1.600 metros cuadrados que tiene de exceso de aprovechamiento, como dice Álvarez en su informe.
