El PSC regional insta al Ayuntamiento a que "llegue hasta el final". La resolución clave que fue obviada por el PP, en el centro de la presunta trama.
La situación derivada de la actuación que permitió el acuerdo plenario de 2003 en el que se aprobó el Plan Especial del Canódromo va camino de convertirse en una pesadilla para Las Palmas de Gran Canaria y, también, para el Partido Popular. Esta semana ha dejado su paso sereno, el caso del Canódromo, para comenzar a galopar en busca de responsables.
Después de que "Canarias ahora" publicara esta semana una resolución, emitida por Ordenación Territorial, que obvió, en favor de la tranquilidad del PP municipal, la ex portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, María Australia Navarro, se ha sabido que tal resolución obra en manos de la Fiscalía por su posible implicación en una trama para sacar adelante el Plan Especial del Canódromo aún contraviniendo e ignorando las resoluciones de Medio Ambiente y Política Territorial. Navarro, a pesar de aceptar en primera instancia, no pudo hacer declaraciones este viernes a este medio, dado el impedimento que puso el partido en el que milita de que así lo hiciera.
La resolución de Ordenación Territorial, que se ha situado en el centro de la polémica, estaba dirigida expresamente a la Viceconsejería de Administración Pública, que cuelga de Presidencia y Justicia. María Australia Navarro, que fuera portavoz del PP en esta misma legislatura, era la consejera de la mencionada cartera y responsable máxima de que ese informe quedara en un cajón y ni siquiera hubiera otra resolución contradictoria. Por ser Parlamentaria, si el juez la implicara, el caso sería elevado al TSJC, dada su condición de aforada.
La viceconsejera de Administración Pública era entonces Francisca Sarmiento. Los dirigentes del Partido Popular consultados por CANARIA AHORA no tapan que Sarmiento era una persona de confianza de María Australia Navarro. "Llegó a la viceconsejería de su mano, la controlaba". Apuntan también a una relación de asesoramiento previo al acceso de Navarro a la Consejería de Presidecia y Justicia. Sarmiento ha trabajado para el PP, pero también para el PSOE, en Telde, como directora de Urbanismo.
“Que lleguen hasta el final”
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está actuando con cautela. “Con la cabeza y no con el corazón”, como decía esta misma semana Sebastián Franquis, portavoz de la institución. Aseguran en el Consistorio que esperan el informe jurídico encargado. Este documento será el que marque la línea de acción.
El PSC regional se muestra firme y pide al Ayuntamiento de la capital de Gran Canaria que “llegue hasta el final”. Así dijo Sandra Rodríguez, responsable de Justicia y Seguridad del PSC, porque existe la posibilidad de que se deriven consecuencias penales.
Además de la presunta omisión de la Consejería de Presidencia y Justicia, Rodríguez aseguró que “vender por debajo del precio real, tal y como se hizo, puede tener consecuencias, aunque eso es el juez quien lo debe dictaminar”. Además, si hubiese lucro por parte de algunos de los que sellaron el convenio “sería cohecho”.
Juan Fernando López Aguilar, Secretario General del PSC, alertó por su parte, “de otra obligación que le ha caído al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la anulación de una licencia otorgada cuando gobernaba con mayoría absoluta el PP”. Pidió, eso sí, al alcalde de la ciudad, Jerónimo Saavedra, que se centre “en los ciudadanos”, en referencia a la entrevista que concedió el pasado viernes a la Televisión Canaria en la que “no habló de paro, sino del PSC y de sus intereses”.
La situación derivada de la actuación que permitió el acuerdo plenario de 2003 en el que se aprobó el Plan Especial del Canódromo va camino de convertirse en una pesadilla para Las Palmas de Gran Canaria y, también, para el Partido Popular. Esta semana ha dejado su paso sereno, el caso del Canódromo, para comenzar a galopar en busca de responsables.
Después de que "Canarias ahora" publicara esta semana una resolución, emitida por Ordenación Territorial, que obvió, en favor de la tranquilidad del PP municipal, la ex portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, María Australia Navarro, se ha sabido que tal resolución obra en manos de la Fiscalía por su posible implicación en una trama para sacar adelante el Plan Especial del Canódromo aún contraviniendo e ignorando las resoluciones de Medio Ambiente y Política Territorial. Navarro, a pesar de aceptar en primera instancia, no pudo hacer declaraciones este viernes a este medio, dado el impedimento que puso el partido en el que milita de que así lo hiciera.
La resolución de Ordenación Territorial, que se ha situado en el centro de la polémica, estaba dirigida expresamente a la Viceconsejería de Administración Pública, que cuelga de Presidencia y Justicia. María Australia Navarro, que fuera portavoz del PP en esta misma legislatura, era la consejera de la mencionada cartera y responsable máxima de que ese informe quedara en un cajón y ni siquiera hubiera otra resolución contradictoria. Por ser Parlamentaria, si el juez la implicara, el caso sería elevado al TSJC, dada su condición de aforada.
La viceconsejera de Administración Pública era entonces Francisca Sarmiento. Los dirigentes del Partido Popular consultados por CANARIA AHORA no tapan que Sarmiento era una persona de confianza de María Australia Navarro. "Llegó a la viceconsejería de su mano, la controlaba". Apuntan también a una relación de asesoramiento previo al acceso de Navarro a la Consejería de Presidecia y Justicia. Sarmiento ha trabajado para el PP, pero también para el PSOE, en Telde, como directora de Urbanismo.
“Que lleguen hasta el final”
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está actuando con cautela. “Con la cabeza y no con el corazón”, como decía esta misma semana Sebastián Franquis, portavoz de la institución. Aseguran en el Consistorio que esperan el informe jurídico encargado. Este documento será el que marque la línea de acción.
El PSC regional se muestra firme y pide al Ayuntamiento de la capital de Gran Canaria que “llegue hasta el final”. Así dijo Sandra Rodríguez, responsable de Justicia y Seguridad del PSC, porque existe la posibilidad de que se deriven consecuencias penales.
Además de la presunta omisión de la Consejería de Presidencia y Justicia, Rodríguez aseguró que “vender por debajo del precio real, tal y como se hizo, puede tener consecuencias, aunque eso es el juez quien lo debe dictaminar”. Además, si hubiese lucro por parte de algunos de los que sellaron el convenio “sería cohecho”.
Juan Fernando López Aguilar, Secretario General del PSC, alertó por su parte, “de otra obligación que le ha caído al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la anulación de una licencia otorgada cuando gobernaba con mayoría absoluta el PP”. Pidió, eso sí, al alcalde de la ciudad, Jerónimo Saavedra, que se centre “en los ciudadanos”, en referencia a la entrevista que concedió el pasado viernes a la Televisión Canaria en la que “no habló de paro, sino del PSC y de sus intereses”.
A cualquiera se le va de escala la magnitud y la cantidad de quebrantos de las leyes urbanísticas en este desgraciado asunto que no es bueno para la imagen de la ciudad ni de los que hacen urbanismo o gestionan nuestro suelo. ¿Deben los políticos costearse un seguro de responsabilidad profesional como los arquitectos? Personalmente creo que no estudian en detalles las consecuencias de sus decisiones en muchos casos. Decisiones mejor tomadas por técnicos especializados.
ResponderEliminarLas plataformas vecinales advirtieron del error que estaba por hacerse, pero aun así siguieron adelante. ¿Fue premeditado? ¿Había intereses detrás? En cualquier caso, siempre sale perdiendo el ciudadano.
Esta parcela se encuentra en un área con escasas zonas libres proyectadas como tales, para disfrute del ciudadano por la gran densidad de edificación de Ciudad Alta. Por fin lo iban a poder hacer, con la construcción del parque del Canódromo. Pero algo pasó. Alguien mandó parar la gestión y se realizó un Plan Especial para el Canódromo. Ahí empezó el problema. ¿Con que fin? ¿Quiénes fueron las máximas influencias? Recalificaron el suelo del espacio libre y lo convirtieron en suelo urbanizable. Así de ilegal según la nueva sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Esto no es todo, según tengo entendido, para intentar tapar la boca a los vecinos el ayuntamiento le pidió a la empresa “déjenme 20.000 metros cuadrados para un parquito” y yo les compenso. ¿Sabe algún compañero de clase si esto cierto?
Posteriormente a cambio del terreno para el parque, el ayuntamiento cedió a la empresa Urbacan dos parcelas valoradas en 5,5 millones de euros. Esta empresa, en un par de semanas, vendió esas dos parcelas a Realia Bussines en 14,5 millones. Una de esas parcelas fue la utilizada por Realia para proyectar las dos torres de viviendas de lujo en el antiguo Canódromo. Hasta aquí, ya nos hemos ensuciado las manos un montón, la cosa no podría salir bien, así que, se complicó, porque aun no han entrado en juego los afectados inocentes, pero si están ya manchados sin que ellos lo sepan.
Después de 8 años y con cambio de poderes en el Gobierno responsable, se continúa con el citado Plan Especial del Canódromo. Ya en el 2003 se conocía por todos la ilegalidad de la gestión pero no se hacía nada al respecto por parte de los responsables. Finalmente la sentencia da la razón a los vecinos de Schamann, hay que demoler las torres e indemnizar a la empresa. Pero este asunto tiene aun muchas palabras por escribir.