La promotora avisa que anular la obra le obliga a despedir a cien trabajadores
Business, la promotora de las torres del Canódromo cuya licencia de construcción ha vuelto a ser anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), advirtió ayer que la paralización de estas obras afectará al menos a cien familias de otros tantos trabajadores relacionados directamente con el proyecto y que perderán sus puestos de empleo por esta causa.
Mediante un comunicado hecho público ayer, Realia se apresuró a puntualizar además que este fallo del TSJC no supone el fin del proceso y por tanto que se tenga que derribar las torres, como piden los vecinos, ya que aún se está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo. "La nulidad de la licencia tiene su causa en la anulación previa del planeamiento del que deriva, por sentencia que aún no es firme y que ha sido recurrida previamente en casación ante el Tribunal Supremo. Por lo tanto, la solución final del contencioso deberá pasar necesariamente por una Resolución firme del Alto Tribunal", recoge el comunicado de la empresa.
Realia asegura en el mismo texto que en el Canódromo ha actuado con "riguroso" cumplimiento de la Ley tras obtener todos los permisos y licencias de obras preceptivos del Ayuntamiento. "Realia mantiene la defensa de los legítimos intereses de sus clientes, las familias afectadas y los suyos propios, ante todas las instancias", asegura el comunicado.
La empresa incide también en el daño que se ocasiona a aquellas familias que ya habían comprado un piso en las torres. "La suspensión de las obras se ha tornado en decepción de los clientes que habían depositado sus ahorros e ilusión en una nueva vivienda, independientemente de que Realia les ha garantizado la devolución de su dinero con los correspondientes intereses".
En este sentido, la promotora se dirige incluso a los comerciantes de la zona y les avisa de la merma de ingresos que sufrirán al quedarse sin los potenciales clientes de las 120 viviendas previstas. "Por otra parte, el proyecto El Canódromo ha generado ya ventajas sociales para los vecinos de la zona puesto que ha permitido dotarla de un parque público y una biblioteca municipal, que ya están en funcionamiento", recoge el comunicado.
Business, la promotora de las torres del Canódromo cuya licencia de construcción ha vuelto a ser anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), advirtió ayer que la paralización de estas obras afectará al menos a cien familias de otros tantos trabajadores relacionados directamente con el proyecto y que perderán sus puestos de empleo por esta causa.
Mediante un comunicado hecho público ayer, Realia se apresuró a puntualizar además que este fallo del TSJC no supone el fin del proceso y por tanto que se tenga que derribar las torres, como piden los vecinos, ya que aún se está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo. "La nulidad de la licencia tiene su causa en la anulación previa del planeamiento del que deriva, por sentencia que aún no es firme y que ha sido recurrida previamente en casación ante el Tribunal Supremo. Por lo tanto, la solución final del contencioso deberá pasar necesariamente por una Resolución firme del Alto Tribunal", recoge el comunicado de la empresa.
Realia asegura en el mismo texto que en el Canódromo ha actuado con "riguroso" cumplimiento de la Ley tras obtener todos los permisos y licencias de obras preceptivos del Ayuntamiento. "Realia mantiene la defensa de los legítimos intereses de sus clientes, las familias afectadas y los suyos propios, ante todas las instancias", asegura el comunicado.
La empresa incide también en el daño que se ocasiona a aquellas familias que ya habían comprado un piso en las torres. "La suspensión de las obras se ha tornado en decepción de los clientes que habían depositado sus ahorros e ilusión en una nueva vivienda, independientemente de que Realia les ha garantizado la devolución de su dinero con los correspondientes intereses".
En este sentido, la promotora se dirige incluso a los comerciantes de la zona y les avisa de la merma de ingresos que sufrirán al quedarse sin los potenciales clientes de las 120 viviendas previstas. "Por otra parte, el proyecto El Canódromo ha generado ya ventajas sociales para los vecinos de la zona puesto que ha permitido dotarla de un parque público y una biblioteca municipal, que ya están en funcionamiento", recoge el comunicado.
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ResponderEliminarYa comienzan a aparecer noticias relacionadas con las malas consecuencias que supondrá el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para los inocentes en este asunto, como son las familias afectadas y los trabajadores de la obra, que nada tienen que ver con los "trapicheos" urbanísticos que se vienen sucediendo, no solo con las torres del Canódromo, sino en muchas otras actuaciones ilegales o mal gestionadas.
ResponderEliminarLa noticia habla además de que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no supondrá el fin del proceso ya que aún se está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo, pero es más, no hay que esperar a que termine legalmente el asunto para encontrar graves afectados que no llevan responsabilidad, pues como comenté en una noticia relacionada en el día de ayer, donde se expone cómo el grupo Avecalta prepara ya la documentación necesaria para reclamar la ejecución forzosa de dicha sentencia, se hacía también referencia a las consecuencias burocráticas que traerá este caso con respecto a otros similares cuando concluya el proceso, en el que con toda seguridad habrá un gran número de afectados inocentes con respecto a los afectados que no lo son. Del mismo modo en que se deberán aclarar las condiciones en las que se produjeron los errores para que no se vuelvan a producir, siendo estas condiciones aplicables a otros casos que ya están cerrados y que no las cumplen, con lo que se podrán generar casos paralelos al del Canódromo, si las conclusiones no se redactan con lupa.
Ahora es Bernarda Barrios, quien desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria exige asumir las indemnizaciones que generarán las Torres del Canódromo, por ser los responsables de la "serie de ilegalidades" cometidas. Es decir, unas personas deben poner precio a las circunstancias personales de otras. Y para ello deberán recurrir a lo que se estipula por escrito y lo que está acordado y redactado por ley. ¿Quiere ello decir que serán justamente indemnizados? Sólo hay que pensar que las malas actuaciones realizadas en la obra del Canódromo estaban todas también aprobadas por los órganos competentes en la materia por tanto es de esperar que se cometan injusticias con los indemnizados del mismo modo. Personalmente creo que las indemnizaciones son como una disculpa después de un maltrato sin magnitud. Yo no quiero las disculpas, simplemente, no me maltrates.
¿Qué pasa con el suelo público del que se ha privado a los ciudadanos quienes también por esta circunstancia han sido afectados? ¿Deben también ser indemnizados? Ya es hora de que el Tribunal Supremo dicte la resolución y se castigue con dureza estas malas gestiones urbanas que se hacen con intención y en beneficio personal según mi opinión y de esta manera que sirva como referencia a quienes juegan de esta manera con el suelo público y tienen las competencias para manipular y gestionar leyes y clasificaciones de suelo en función de sus intereses y sin vistas hacia la sostenibilidad ni al servicio del pueblo.
Entonces no son tantos los afectados como yo pensaba porque la empresa constructora se está favoreciendo de los errores de gestión y planificación de toda la obra, que nunca debió comenzarse. Sin duda los compradores de las viviendas sí que lo son en cualquier caso.
ResponderEliminarRealia está construyendo las torres y no les interesa parar de hacerlo, por eso el titular dice que no lo harán por cuestiones que no son las que les conviene realmente, porque posteriormente un nuevo titular dice que la empresa no parará hasta que lo diga el supremo, pero entonces si es ilegal, ¿no les conviene para? ¿No les perjudica seguir para nada? Pues no, porque tendrán su recompensa sin vender las casas cuando lleguen las indemnizaciones proporcionadas.
Debería abrirse una investigación posterior al cierre del caso por este asunto, puesto que la Ley no recoge nada sobre esta acción ilegal de igual modo, que es la de seguir construyendo a sabiendas de que de ese modo, me pagarán más indemnización sin vender una sola vivienda.
Primero, un cambio del suelo que no se sabe de dónde viene, luego un cambio de responsables políticas que siguen en la senda de ignorar a los vecinos y por último el hecho de no ejecutar la sentencia desde el primero momento. Parece que se pasan la vez uno por uno mientras sacan tajada. El pueblo es el único que ve con resignación e impotencia estas habilidades administrativas. Me temo que es como la curva de una gráfica, después del punto de inflexión ya se sabe lo que viene. Todos pagaremos las torres del Canódromo.