domingo, 8 de noviembre de 2009

La aprobación del PGO está aún en el alero

Reportaje de La Opinión de Tenerife (8/11/09)

Colectivos sociales y vecinales han mostrado su voluntad de movilizarse para impedir la aprobación de un documento que creen que se ha hecho "a la carta" para beneficiar a empresarios "con nombres y apellidos"

NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
La aprobación definitiva del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz no parece nada clara. En teoría, tras haber cumplimentado el tercer período de información pública, se supone que en el próximo pleno ordinario podría llevarse a cabo la aprobación previa a su debate en la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Pero no parece que el apoyo político esté asegurado. Los portavoces de la oposición ya han mostrado sus reticencias hacia un texto que según el abogado, Felipe Campos –uno de los más combativos hacia el plan– "ha sido hecho a la carta para favorecer a determinados empresarios con nombres y apellidos". La única posibilidad que parece quedar para aprobar este plan es la necesidad de contar con un documento que dé garantías para las inversiones que se lleven a cabo en el municipio. Un extremo especialmente necesario en época de crisis como la actual.

Pero si hay dudas sobre el apoyo político, en el caso del social las cosas parecen estar bastante más claras. El PGO ha creado una ola de descontento allí por donde ha pasado. El viernes tuvo lugar una reunión de varios colectivos repartidos por toda la ciudad con el fin de ir perfilando el calendario de movilizaciones. El pistoletazo de salida tendrá lugar el próximo miércoles con un debate público. A partir de aquí, se quiere dejar claro que el documento tal y como ha sido redactado no debe ser aprobado.

Pendiente. ¿Causas? Pues, por ejemplo, que se autoriza la construcción en pendientes de hasta cincuenta por ciento cuando están expresamente prohibidas por ley y por el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). Así se hace en lugares como Valle Tahodio, Ifara, Los Lirios, donde se prevé la construcción de casi 1.500 viviendas en un barranco situado al lado de Hoya Fría o Montaña Fumero. Este último punto es especialmente sangrante. Se trata del risco situado tras la sede del Colegio Oficial de Arquitectos (Coactfe) en Los Lavaderos y donde se prevé una urbanización con aprovechamiento que suma más de 200.000 metros cúbicos. Pero no acaba aquí el descontento. Por ejemplo se cuestiona y mucho las previsiones para El Toscal donde la combativa asociación de vecinos ya ha tachado de especulador al PGO y ha presentado toda una retahíla de alegaciones con aspectos jurídicos, de dotaciones y servicios o de calidad ambiental y patrimonial. En el primer grupo se considera que que se hace una interpretación muy particular de la actual legislación para descategorizar suelo urbano consolidado y lo declara de renovación lo que abre la puerta a expropiaciones. Las propuestas de aparcamientos se tacha de exagerada hasta el punto de considerar que se quiere convertir al barrio "en un enorme garaje". Estiman que el nuevo plan no da respuesta a los servicios y dotaciones básicas o a demandas como la ampliación del centro de salud, educativos o instalaciones deportivas, entre otras. Los vecinos consideran que se prevé un crecimiento de la población desmesurado ya que casi duplica a la actual densificando al barrio con remontas o nuevas construcciones de cinco y seis plantas, Todo ello, bajo su punto de vista, acabaría por colapsar los precarios servicios existentes. En el capítulo patrimonial se hace hincapié en que este enclave está protegido por lo que deberían primar en teoría los valores patrimoniales sobre los demás. Por ello, demandan la finalización de un Plan Especial que abunde en esta línea, ya que el actual, eternamente en redacción, ocasionará la destrucción de parte de la trama urbana del barrio y no garantizaría su rehabilitación.

En el documento se hacen descubrimientos, como mínimo, sorprendentes, así en la avenida Benito Pérez Armas se contempla la construcción de una gran torre de quince plantas sobre la actual harinera. Espeluznante también es el caso de la antigua fábrica de Celgán en la que se prevé la construcción de otro edificio de estas mismas alturas.

Pero lo curioso en este caso es que para avalar este descomunal crecimiento la mitad de la cercana urbanización de La Florita, en Tío Pino, se ha quedado literalmente fuera de ordenación. Y ello pese a que estos edificios fueron construidos hace ya tres décadas. Tras una primera reunión con los responsables de la Gerencia de Urbanismo éstos le han hablado de un error que será subsanado. Para ello han quedado en una próxima reunión que tendrá lugar el día 19 de este mes.

Los vecinos se dieron cuenta de este aparente error de forma casi casual cuando el documento salió a información pública. De no haber presentado una retahíla de alegaciones no habría evitado que los pisos fuera de ordenación, por ejemplo, apenas tengan la tercera parte de valor que los que cuentan con todos los parabienes legales. Además, de enfrentarse a toda una larga serie de cortapisas y restricciones a la hora de hacer frente a obras. El gusto por construir y elevarse en alturas parece ser una constante de este documento como también denunció en su momento el abogado y miembro de Sí Se Puede, Pedro Arcila. Por ejemplo, el actual edificio del colegio Hispano-Inglés ubicado en plena Rambla desaparecerá para situar en su lugar un inmueble de siete pisos. Una altura inédita en todo ese entorno. Además de las connotaciones sentimentales y culturales que tiene este colegio también se han alegado motivos urbanísticos ya que a cambio de esta licencia el Ayuntamiento recibiría una supuesta plaza pública que en realidad apenas es una tira de acera. Los detractores del nuevo inmueble apuestan por darle a las actuales instalaciones un uso cultural pese a que se traslade el colegio.

Pero es más, este centro tiene relación con la polémica urbanización de Valle Tahodio, incluida dentro del conocido como caso Fórum investigado en su momento por el juez Baltasar Garzón. A este lugar se pensaba trasladar el nuevo colegio. Un extremo que ha descartado ya la concejal de Urbanismo, Luz Reverón quien indica que el convenio suscrito en su momento es sólo un borrador. La concejal deja claro que todo lo que tenga que ver con el Valle Tahodio dependerá de un futuro Plan Especial aún por redactar. Así que las previsiones quedan en el aire. Por lo pronto parece claro que los reparos impuestos por la Cotmac no fueron asumidas.

Algo parecido a lo que ocurre con la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a demoler parte del edificio La Ninfa en Ifara por ocupar un espacio público. Sin embargo, los responsables de Urbanismo recurrieron a un subterfugio legal y le cedieron suelo para evitar este derribo. Este asunto ha provocado ya la imputación del anterior concejal de Urbanismo, Manuel Parejo y del actual de Obras, Norberto Plasencia. La Cotmac obliga a contemplar esta sentencia en el PGO pero al parecer no ocurre así.

Polémico ha sido también cómo ha quedado el Cine Víctor en el nuevo planeamiento. Mientras que Campos asegura que la conservación que se le otorga no garantiza en ningún caso su uso cultural, la concejal indica que no ha perdido protección comparado con el anterior planeamiento. Pero lo cierto es que con su actual consideración el Cine podría mantener determinados elementos pero su uso podría ser parecido al de, por ejemplo, una bolera, tal y como ocurrió con el Cine Rex.

Llamativo resulta también que se propicie la desaparición del antiguo edificio de Presidencia del Gobierno de Canarias donde actualmente se sitúa una clínica dental. Aquí se prevé la construcción de tres edificios de cuatro, tres y dos plantas, cuyo proyecto incluso parece ya esbozado. Y todo ello pese a que este entorno ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Muchos consideran que el Plan General de Ordenación será fácilmente impugnable en los tribunales por hechos tan básicos como la prevista recalificación de casi un millón de metros cuadrados de terrenos situados en los barrancos y que por lo tanto gozan de protección hidrológica y que sin mayores contemplaciones pasan a ser urbanizables consolidados. Un paso que de forma directa ya puede implicar la nulidad del planeamiento, al estar este paso vedado por la legislación.

Campos: "Este es el Plan de Parejo"
Con la misma intensidad que parece aplicar a todas las guerras en las que se compromete, el abogado, Felipe Campos ya ha iniciado una campaña contra el PGO de Santa Cruz. Del documento dice que es "el plan-Parejo" en relación al anterior concejal de Urbanismo, Manuel Parejo. Arremete también contra el equipo de arquitectos, Palerm y Tabares de Nava, que según el abogado han llegado a cobrar 1.000 millones de pesetas por este trabajo. "¿Por qué se ha tenido que desembolsar esta cantidad tan desmesurada de dinero para contratar a unos arquitectos de fuera de la Gerencia cuando los hay y muy buenos en el propio Ayuntamiento?". Pero es más. El abogado cree que se producen extrañas consecuencias al haber ejecutado estos arquitectos algunas actuaciones problemáticas en el municipio como ocurre con el edificio Beleyma en la calle El PIlar y que según el abogado han querido ser "legalizado" a través de este PGO. Campos también denuncia la aparición durante dos años en la Gerencia de Urbanismo de Juan Bertolo, relacionado con el caso Arona y que el abogado cree que ha tenido mucho que ver con el PGO de Santa Cruz. El abogado ha denunciado de forma reiterada desde hace algún tiempo los puntos oscuros del documento que según dice aparecen al revisar el Plan General. No duda en calificarlo de "chapuza" y pide su retirada inmediata. Representa a los vecinos de Ifara donde también se suceden todo tipo de denuncias como ocurre con la construcción de un geriátrico impulsado por el empresario, Antonio Plasencia que parece incumplir todas las normas urbanísticas habidas y por haber, a pesar de lo cual ha sido bendecido por el equipo redactor del planeamiento.

1 comentario:

  1. Como estamos viendo, los Planes Generales de Ordenación de los diferentes municipios son una de las decisiones más complejas, conflictivas y muchas veces interesadas que se pueden adoptar en el ámbito local.
    La aprobación del PGO de Santa Cruz de Tenerife añade a estas consideraciones el tener antecedentes poco edificantes como el problema de la urbanización de la Playa de Las Teresitas o el hecho de que muchos de los políticos estén vinculados directamente con intereses inmobiliarios. Por eso se mira con lupa las propuestas que parten de las instituciones.
    En este reportaje de La Opinión se hace hincapié en importantes irregularidades que se observan en el Plan:
    - La recalificación de casi un millón de metros cuadrados situados en barrancos que pasan a ser urbanizables consolidados.
    - La autorización de construcción en pendientes de hasta el 50%.
    - La escasa presencia de equipamientos que atiendan a dotaciones, servicios o de calidad ambiental y patrimonial.
    - La abundante descategorización de suelo urbano que facilitaría la posterior expropiación.
    - El tratamiento que se da en el Plan General a determinados edificios simbólicos de la ciudad: Cine Víctor, Colegio hispano-inglés, antiguo edificio de la Presidencia del Gobierno…, que en su mayoría sucumben al interés inmobiliario.

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