El pleno vota mañana el fallo del Supremo que anula el convenio de construcción
El hotel Vital Suites & Spa se enfrenta a una orden de precinto de las instalaciones por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que tiene que dar cumplimiento a una sentencia firme del Tribunal Supremo con fecha de 7 de octubre de 2008, comunicada a la corporación municipal el 5 de marzo de 2009. El Supremo condenó al Ayuntamiento de San Bartolomé a abrir un expediente sancionador a los gestores del hotel Surfing Club Águila Playa SL por un exceso de construcción y por no tener licencia de apertura.
Para abordar esta cuestión, el grupo de gobierno ha convocado un pleno extraordinario para mañana, toda vez que el asunto ya lo analizó la semana pasada la junta de gobierno municipal, presidida por la alcaldesa, Mari Pino Torres, y consideró que el órgano competente para imponer la sanción de cierre del negocio es el pleno.
El Alto Tribunal echa por tierra así un convenio suscrito entre los promotores del hotel, Gestión de Actividades Productivas SL y el propio Ayuntamiento, entonces liderado por José Juan Santana. El citado acuerdo comprometía al Ayuntamiento a modificar la ordenanza de urbanización en el Plan General y la citada entidad, a cambio, abonó más de un millón de euros en concepto de exceso de aprovechamiento urbanístico, ya que ampliaba la construcción en 1.735 metros cuadrados, lo que suponía ganar una planta en altura.
El denunciante de las supuestas infracciones urbanísticas, un ciudadano alemán con una vivienda próxima al hotel, denunció los hechos en el 2000 y en 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó una sentencia anulando el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la promotora del hotel.
El Tribunal Supremo ante el recurso interpuesto por la entidad Surfing Club Águila Playa SL contra el fallo del TSJC emitió una sentencia firme en los mismos términos.
Creo que se está cometiendo una ilegalidad por ambas partes y si fue José Juan Santana el responsable del ayuntamiento en aquel momento, que lo pague, ya sea por no llevar un control de las obras que se estaban realizando o por llegar a un acuerdo económico con la entidad para mediar lo realizado.
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