miércoles, 11 de noviembre de 2009

Caso Calero: La UDEF prosigue los interrogatorios a imputados en la Jefatura Superior de Policía

Teldeactualidad.com
10/11/09

Según distintas fuentes, en sede policial podrían continuar aún algunos implicados

Telde.- La Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no ha acabado aún con los interrogatorios a las personas detenidas que permanecen desde ayer martes en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Las Palmas de Gran Canaria, por la que han pasado este miércoles a declarar funcionarios y ex empleados del Ayuntamiento, tal y como adelantó TELDEACTUALIDAD.

Según distintas fuentes, en sede policial podrían continúan el ex jefe de servicio de la Concejalía de Urbanismo, José Luis Mena; el abogado Miguel Martín Zurita, que prestó servicios en Urbanismo hasta 2006; y el arquitecto Jesús Álvarez; todos ellos imputados. No obstante, otras apuntan a que todos ellos podrían haber abandonado ya las dependencias de la Jefatura Superior.

Asimismo, todavía no se ha decretado el secreto de sumario en las actuaciones ya que la UDEF tiene que trasladar las diligencias policiales a la jueza que instruye el caso.

Durante la jornada de este miércoles estaba previsto que desfilarán algunos de los implicados ante la magistrada María Belén Pérez Salido, titular del Juzgado número 1 de Telde, pero no existe confirmación alguna de haya sido así.

Valido, el único que ha hecho declaraciones
Hasta este momento, el único implicado en el denominado Caso Calero que ha realizado declaraciones a la prensa ha sido el ex alcalde de Telde Francisco Valido (PP), que ha afirmado no conocer el expediente por el que presuntamente está imputado en esta operación judicial, vinculada con el desarrollo de una urbanización en la zona de El Calero Alto, en el municipio grancanario de Telde.

"Yo tengo la total confianza, el expediente quien lo tramitan son los funcionarios y creo que lo habrán hecho bien y no he tenido nunca duda de ellos. No conozco el expediente, de lo que tu no conoces no puedes opinar, yo sí puedo asegurar que nunca nunca nunca, en mi larga trayectoria política, jamás he votado en contra de un informe jurídico, nunca", apuntilló en declaraciones a Europa Press.

Valido que ha prestado declaraciones ante la Policía Nacional, señaló que "por respeto" a la Autoridad Judicial primero tendrá que dar cuenta al juez. "Por respeto a la Autoridad Judicial lo primero que debo hacer es dar cuenta y explicar cuáles son los acuerdos y en qué se basan y punto", subrayó.

Respecto a las declaraciones del primer edil de Telde, Francisco Santiago Castellano (NC), en las que apuntaba a que la 'Operación Calero' "son los efectos" al gobierno del PP y de AFV-Ciuca en el municipio grancanario, Valido indicó que "el alcalde puede decir lo que quiera, está en su legítimo derecho de hacerlo".

"Él --Castellano-- está ejerciendo su actividad política, yo no estoy haciendo ninguna actividad política de momento y, por lo tanto, yo me quiero acoger primero por escrupuloso respeto a la Autoridad Judicial que es la que está actuando y, yo creo que lo primero que tengo que hacer es cuando se me cite declarar y explicar todas mis razones y, en consecuencia, su señoría tomará la decisión que corresponde", sentenció.

La jueza que lleva la Operación Calero, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, María Belén Pérez Salido, analizará la existencia de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsificación de documento y cohecho. En concreto, se estarían investigando la reordenación de una parcela y el desarrollo de una promoción en la misma de viviendas, según publican hoy varios medios canarios.

Así entre los imputados también se encuentran el empresario Félix Machín; un trabajador suyo, Ignacio Calandria; el ex registrador de la propiedad de Telde y actual registrador mercantil, Adolfo Calandria, el abogado Miguel Ángel Martín Zurita; el arquitecto y ex redactor del Plan General de Ordenación de Telde, en vigor desde 2002, Jesús Álvarez; el ex jefe de Patrimonio Municipal, el abogado Pedro Pablo Santana; y el ex jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, José Luis Mena. ACN Press.

1 comentario:

  1. La corrupción urbanística es el abuso del poder de los cargos públicos vinculado a la especulación inmobiliaria y el incumplimiento de las normativas urbanísticas y medioambientales con objeto enriquecimiento ilícito.


    Sus causas son muchas y muy diversas, y un punto clave es la financiación de los ayuntamientos. El proceso de descentralización en España que trajo consigo el Estado de las Autonomías, ha llevado a que los ayuntamientos se hayan visto obligados a prestar a los ciudadanos servicios que antes ofrecía el gobierno central.

    Esta descentralización buscaba una mayor eficacia en la prestación de dichos servicios, a través de la cercanía entre la administración y los ciudadanos. Sin embargo ha planteado desafíos en cuanto a la financiación que, según el criterio de diversos colectivos, no han sido bien respondidos. Como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado una forma imaginativa de recaudar impuestos indirectos, y es con la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no. La financiación a partir de la recalificación de suelo implica aumentar la presión fiscal de manera heterogénea, haciendo cargar con el mayor peso de la financiación municipal a familias con hipotecas a 30 y 40 años.

    La diferencia de precio entre un tipo de suelo y otro puede ser de hasta 20 veces, así que los ayuntamientos encontraron su particular filón en la recalificación del suelo. Los promotores y constructores pagaban a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de "suelo urbanizable". Por supuesto que esas cuantiosas sumas las acaban pagando los compradores de viviendas, por lo que al final pocos son conscientes de que se trata de un enorme impuesto encubierto, que va incluido en el elevado precio de la vivienda.

    La consecuencia indeseada es que al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales que presta (transporte público, polideportivos, limpieza de calles, etc), también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal, fenómeno que constituye el núcleo de lo que se conoce como corrupción urbanística.
    La ONG Transparencia Internacional en su informe del año 2.006 señaló: “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.

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