El Supremo carga contra “el desastre urbanístico" que corroe España.
-Después de una colosal burbuja inmobiliaria que ha dejado cientos de cargos públicos implicados en casos de corrupción urbanística, el Tribunal Supremo ha constatado "la desastrosa situación a la que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística". En una sentencia en la que confirma las condenas a los responsables del escándalo de Andratx, en Mallorca, el tribunal justifica que, "ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al derecho penal" para perseguir los escándalos urbanísticos con más eficacia.
-Después de una colosal burbuja inmobiliaria que ha dejado cientos de cargos públicos implicados en casos de corrupción urbanística, el Tribunal Supremo ha constatado "la desastrosa situación a la que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística". En una sentencia en la que confirma las condenas a los responsables del escándalo de Andratx, en Mallorca, el tribunal justifica que, "ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al derecho penal" para perseguir los escándalos urbanísticos con más eficacia.
Pues muy bien. Ahora, lo que tiene que hacer el Supremo y con él, todo el Poder Judicial español, es asumir la parte tremenda de responsabilidad que le toca en el tema, y acelerar las montañas de procesos que hay pendientes. Y, claro, decidir mirando para cada caso, no para los personajes implicados. Porque, si no, estamos en las mismas.
ResponderEliminarMira por donde, el Poder Judicial tiene una oportunidad de oro para empezar a contener el cáncer urbanístico que corroe el país. Ahí tiene, sin ir más lejos, el PGOU de Santa Cruz de Tenerife.
Léanse el último párrafo del reportaje que firma Rafael Méndez en EL PAÍS: “Villoria, colaborador de la ONG Transparencia Internacional, se muestra, sin embargo, escéptico: “Los jueces apenas dan medidas cautelares para paralizar obras denunciadas y no hay demoliciones. ¿Qué va a pasar con todos los hoteles ilegales de Lanzarote o con el del Algarrobico [en Almería]?”. Sabias palabras, añado yo. Porque se encarcela, aunque sea tarde, a los criminales, pero no se enmiendan los crímenes.
Y, para terminar, vean las fechas del tema. El delito penado tiene fecha 2002. La sentencia, de mayo de 2008 y la sentencia del Supremo, de finales del 2009. Es decir, que estos delincuentes han tenido nada menos que siete años de impunidad y disfrute. Esto no es. Esto no puede ser justicia.