Los socialistas sostienen que el informe pericial presentado por el empresario podría ser "falso".
EFE
El PSC-PSOE presentará una denuncia por vía penal contra el informe presentado por Rafael Bittini en el "Caso Tebeto", que ha derivado en la imposición de una multa de más de 100 millones de euros al Gobierno Autónomo en favor de ese empresario, sosteniendo que su elaboración fue delictiva.
"Si el informe presentado recientemente por el Gobierno canario es verdadero y la valoración de los recursos mineros existentes en Tebeto no llega al millón de euros, el informe pericial de Bittini es falso", argumenta el PSC-PSOE en un comunicado donde anuncia su iniciativa, que hará efectiva el lunes próximo, con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde territorialmente corresponde.
En su denuncia, los socialistas sostendrán la tesis de que en la elaboración y utilización de dicho informe en el proceso administrativo y judicial que se ha seguido sobre la autorización y anulación posterior de los derechos de una explotación minera en la zona de Tebeto, en Fuerteventura, existen indicios de haberse cometido varios delitos, se explica en la nota.
En ella se subraya que, de ser ciertas las afirmaciones del Ejecutivo respecto a la sobrevaloración de la explotación minera, ésta "habría llevado, por la inacción al Gobierno de Canarias, que no aportó informe contradictorio ni en la fase administrativa ni en la judicial, al TSJC a darle pleno valor probatorio y justificar la cuantía de la sentencia en un informe falso".
En consecuencia, se afirma que la acción penal contra el referido informe "puede ser la forma más eficaz de darle la vuelta al caso y evitar el pago (de los más de 100 millones de indemnización impuestos en una sentencia que aún no es firme), reparando los efectos de la pésima actuación del Gobierno canario".
Actuación que ha estado "plagada de errores e inhibiciones en la defensa de los intereses públicos", aseguran los socialistas, que acusan a los responsables del Ejecutivo, Coalición Canaria y PP, de renunciar incluso ahora a la vía penal que ellos proponen como solución para evitar el pago multimillonario por intereses particulares.
Y es que, pese a que el PSC-PSOE instó días atrás al Ejecutivo a emprender la vía penal que ahora asumirá el propio partido, "no lo ha hecho dadas las resistencias que en el seno del Gobierno han planteado Soria (vicepresidente) y Ruano (consejero de Presidencia y Justicia), ya que el ingeniero que firma el informe pericial de Bittini es el tío carnal del vicepresidente", el líder regional del PP, José Manuel Soria, se asegura en el texto.
Los socialistas insisten en que su iniciativa es la única solución a la situación ahora planteada, pues -argumentan-, "si la denuncia origina la apertura de diligencias penales, se podrá plantear una cuestión prejudicial que paralizaría el proceso contencioso-administrativo mientras dura el proceso ante la jurisdicción penal".
"Y, por lo tanto, la ejecución de la sentencia que condena a la Comunidad Autónoma al pago de la
espectacular indemnización", recalcan desde el PSC-PSOE, cuyos dirigentes añaden que, además, "si se declarara que se ha transgredido el Código Penal en la elaboración y utilización del informe pericial de Bittini, se abriría la vía para una revisión del juicio contencioso-administrativo y de su sentencia".
"Aún en el caso de que el Tribunal Supremo (ante el que se ha presentado un recurso contra la sentencia que fija la indemnización millonaria) confirmara el pronunciamiento del TSJC", se apostilla.
El PSC-PSOE destaca y reitera en su escrito que ha decidido adoptar esta medida por entender que "la única manera de restablecer la justicia en este asunto es la toma de las medidas que -insiste- el Gobierno de Canarias hasta ahora ha desechado o no se ha atrevido a emprender por sus propios condicionamientos internos"
En mi opinión, del asunto Tebeto todos somos responsables de algún modo.
ResponderEliminarMe explico, es un asunto que nace hace muchísimos años y que resulta extraño desde el principio. Te doy, no usas, te digo que con otros, vendes, te compro, te quito, te digo que sí, ahora que no, la Consejería otorga, el Planeamiento niega…. Y finalmente el afectado aparece ante el TSJC y reclama que qué hay de lo que ha dejado de ganar en todo ello…., nadie se opone a su pretendida valoración económica y la sala le concede lo que reclama.
Llegado el momento de afrontar el pago surgen todo tipo de comentarios de parte - de partido, de magistrados, informaciones partidistas…. - un caos de acusaciones cruzadas que no deberían hacernos perder de vista lo fundamental: ALGO HA FALLADO CLAMOROSAMENTE en la vida administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Nuestra obligación como votantes y como miembros de la sociedad en la que vivimos habría sido la de retirar del poder político a cada uno de los sucesivos cargos públicos que han intervenido de forma manifiestamente irresponsable y/o que han dejado hacer a quien no debía. La labor fiscalizadora de la sociedad civil ha fallado, la de los grupos de la oposición política del Gobierno Autónomo también y, en estos momentos igualmente noto la falta del CLAMOR POPULAR reclamando en las calles a los políticos, funcionarios y técnicos que por acción o por omisión han sido responsables de este triste resultado.
Todo ello sin olvidar que resulta inexplicable que a estas alturas no haya habido una intervención de oficio por parte de la Fiscalía Anticorrupción para desentrañar las claves de esta operación que tiene indicios más que sobrados de asalto-consentido a las cuentas públicas y que, desde el Gobierno de la Nación, no se hayan pedido explicaciones por este y otros muchos ASUNTOS DOMÉSTICOS de todo punto intolerables en un estado democrático riguroso en el que desearíamos vivir.
Somos lo que consentimos!