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sábado, 14 de noviembre de 2009

Un error "desarma" el "Caso Calero"

Se confirma que fue un error. A pesar de que el Plan General dice que el dueño del solar de El Calero no tiene que ceder nada del terreno al Ayuntamiento, un certificado municipal reciente fijó la cesión en 3.500 metros, lo que hizo actuar a la Policía. Urbanismo le remitió ya la corrección.

El error, siendo involuntario, no es baladí, porque puede haber servido de base a la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal de la Policía Nacional para sustanciar las imputaciones que pesan contra algunos de los 12 encartados en la llamada Operación Calero. Entre las múltiples irregularidades detectadas en el expediente por el que se iban a construir 78 viviendas en El Calero Alto figuraba un posible hurto al patrimonio público de la ciudad de 3.500 metros cuadrados, pero al final se confirma que esos metros no existen y que, por tanto, nadie los hizo desaparecer, de ahí que desde la Concejalía de Urbanismo se hiciera llegar ayer mismo a la UDEF un nuevo certificado con la corrección del error.


La confusión se origina por un certificado técnico de los parámetros urbanísticos de la parcela bajo sospecha, la Unidad de Actuación (UA) Calero Alto 2, que iba a desarrollar el empresario Félix Machín. Todas las UA tienen una especie de ficha (con plano incluido) en el PGO donde se especifica desde su superficie al número de plantas que podrán tener las casas y por dónde irán las calles. También detalla cuántos metros cuadrados deberá ceder el particular como Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) al Ayuntamiento, que suele ser un 10% del total. Pero la ficha de esta UA no obliga a ceder ni un metro de solar, sino que obliga al promotor a pagar en euros el valor de los 1.642 metros cuadrados que tiene esa UA de exceso de aprovechamiento, dinero que, por cierto, ya abonó. Sin embargo, la Policía Nacional, en el curso de sus investigaciones, solicita meses atrás un certificado urbanístico de la parcela y al técnico que lo hizo se le cuela el error de que el PMS asignado a esa UA es de 3.500 metros.


Ese dato enciende las alarmas en la UDEF. Atendiendo a sus informaciones, alguien le ha quitado 3.500 metros a la ciudad. Y en esa búsqueda detecta, por ejemplo, que el ex redactor del PGO, Jesús Álvarez, que trabaja en un despacho privado y que está imputado en el caso, hace un informe técnico que figura en el expediente en el que se olvida de esos supuestos 3.500 metros, y no sólo eso, sino que después es contratado por el promotor inmobiliario, Félix Machín, para hacer el proyecto primero de demolición del edificio que había en el solar y después el de las 78 casas. Según fuentes de la investigación, los agentes ataron cabos y detectaron un posible delito de cohecho en ambos y achacó a Álvarez otro de quebranto al patrimonio público. Se tragó en su informe esa obligación de ceder 3.500 metros a la ciudad y Machín se lo pagó dándole el proyecto.


Sin embargo, ahora que se confirma que ese dato está erróneo, se desmonta una de las patas de la operación, pero sólo una. La UDEF ha detectado muchas más irregularidades.

viernes, 13 de noviembre de 2009

Un certificado técnico hizo estallar la ‘Operación Calero’

Un certificado técnico del solar donde irán 78 viviendas hizo estallar la Operación Calero. Dice que por el desarrollo de esa parcela al Consistorio le correspondían 3.500 metros cuadrados. La policía ató cabos. Alguien le usurpó ese suelo a Telde, pero varios imputados han aclarado que el PGO no obliga a dar ni un metro por ese terreno.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hicieron sonar sus alarmas después de que cayera en sus manos un certificado técnico municipal que les alertó de que el desarrollo del solar de El Calero Alto, donde se iban a construir 78 casas y que estaban investigando a raíz de la denuncia de un particular afectado, obligaba a darle al Ayuntamiento en concepto de Patrimonio Municipal de Suelo 3.500 metros cuadrados. Como quiera que en el proyecto de reparcelación que aprobó el Ayuntamiento en 2005 para dar vía libre a esa urbanización no aparecían por ningún lado esos 3.500 metros, la Policía Nacional se puso en la pista de un posible quebranto del patrimonio público, según fuentes del caso.


Ese documento, emitido por un técnico municipal a instancias de la policía, propició que la UDEF tratara de averiguar si hubo confabulación entre los implicados en el expediente para hurtarle al Consistorio ese suelo y con ello beneficiar al particular, que en este caso es el promotor privado Félix Machín. La policía no tardó en dar con las supuestas claves. Por un lado, el arquitecto superior y redactor del Plan General de Ordenación, Jesús Álvarez, y por el otro el empresario, Machín. De hecho, fueron sus despachos los que registró la Policía.


El guión de esta presunta trama no tendría secretos. Álvarez, en su calidad de redactor del PGO, hace el único informe técnico que aparece en el expediente en el que viene a decir que la Unidad de Actuación (UA), tal y como está propuesta, se ajusta a lo que para ese suelo establece el PGO. Pero los datos que maneja la Policía, no son los mismos. No habla ese informe de los 3.500 metros cuadrados que debían ir para el Ayuntamiento, ni tampoco tiene en cuenta que hay un segundo propietario afectado por esta UA, al que una calle de la urbanización le corta la casa por la mitad. Se trata de Miguel Ángel Rodríguez Santiago, que fue quien denunció todo en julio de 2008. Dado que Álvarez recibió luego el encargo por parte de Machín de hacer el proyecto de ejecución de las 78 casas, la Policía entiende que el empresario le pagó el supuesto favor prestado dándole trabajo. Por eso a uno y otro se les imputa por cohecho.


Sin embargo, según fuentes del caso, la investigación podría haber dado un vuelco tras las declaraciones del miércoles. Sacaron a relucir que ese certificado técnico debió estar errado. Entre otas cosas, no se entiende que el promotor tenga que dar a la ciudad 3.500 metros cuando la parcela completa tiene 3.838. Según el PGO, ese suelo no estaba obligado a dar ni un metro al Consistorio, sino el valor en euros de los 1.600 metros cuadrados que tiene de exceso de aprovechamiento, como dice Álvarez en su informe.

jueves, 12 de noviembre de 2009

Presunta confabulación para levantar 78 casas

Canarias 7 Jueves 11/noviembre/2009

El caso Calero, que estalló el martes con la detención de 7 personas, investiga si hubo una confabulación para desbloquear el suelo donde se iban a construir 78 casas. Ayer la Policía Nacional fue soltando a los detenidos tras declarar.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tratan de averiguar si hubo una confabulación y, en su caso, el pago de una comisión, para desbloquear el desarrollo de un suelo, la unidad de actuación (UA) Calero Alto 2, donde el empresario Félix Machín iba a construir 78 viviendas.

La clave radica en que ese suelo se iba a desarrollar sin contar con uno de los dueños, que fue el que denunció el caso, mientras que las conexiones que han levantado la sospecha policial se dan en 2 de los imputados, el arquitecto Jesús Álvarez, y los hermanos Calandria, uno de ellos, Ignacio, empleado de Machín, y el otro, Adolfo, ex registrador de la propiedad en Telde.

Lo cierto es que Álvarez aparece dos veces en el caso. Una, en calidad de redactor del Plan General de Ordenación en vigor, en un informe en el que le dice al Consistorio que la propuesta de desarrollo de la UA se ajusta al planeamiento cuando parece que no era así, y otra como redactor del proyecto de ejecución de las 78 casas, esta vez por encargo de Machín. Y Adolfo Calandria aparece porque registró el proyecto de reparcelación sin tener en cuenta el propietario, y se da la circunstancia de que su hermano trabaja para Machín.

Por lo pronto, la Operación Calero lleva 12 imputados, entre ellos el ex alcalde, Francisco Valido. El empresario Félix Machín, su trabajador, Ignacio Calandria, y su hermano Adolfo, el ex registrador de la propiedad de Telde, salieron libres entre la tarde y la noche del martes. Ayer fue declarando el resto de detenidos. Conforme lo hacían, salían libres. Álvarez no quiso hablar.

Por la mañana declararon el ex secretario municipal,jubilado, Jorge Lang-Lenton, al que se imputan falsificación y prevaricación; y el funcionario Diego López, que hizo de secretario en parte del papeleo.El caso lo instruye el Juzgado número 1 de Telde, que citará a los imputados estos días.