El error, siendo involuntario, no es baladí, porque puede haber servido de base a la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal de la Policía Nacional para sustanciar las imputaciones que pesan contra algunos de los 12 encartados en la llamada Operación Calero. Entre las múltiples irregularidades detectadas en el expediente por el que se iban a construir 78 viviendas en El Calero Alto figuraba un posible hurto al patrimonio público de la ciudad de 3.500 metros cuadrados, pero al final se confirma que esos metros no existen y que, por tanto, nadie los hizo desaparecer, de ahí que desde la Concejalía de Urbanismo se hiciera llegar ayer mismo a la UDEF un nuevo certificado con la corrección del error.
La confusión se origina por un certificado técnico de los parámetros urbanísticos de la parcela bajo sospecha, la Unidad de Actuación (UA) Calero Alto 2, que iba a desarrollar el empresario Félix Machín. Todas las UA tienen una especie de ficha (con plano incluido) en el PGO donde se especifica desde su superficie al número de plantas que podrán tener las casas y por dónde irán las calles. También detalla cuántos metros cuadrados deberá ceder el particular como Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) al Ayuntamiento, que suele ser un 10% del total. Pero la ficha de esta UA no obliga a ceder ni un metro de solar, sino que obliga al promotor a pagar en euros el valor de los 1.642 metros cuadrados que tiene esa UA de exceso de aprovechamiento, dinero que, por cierto, ya abonó. Sin embargo, la Policía Nacional, en el curso de sus investigaciones, solicita meses atrás un certificado urbanístico de la parcela y al técnico que lo hizo se le cuela el error de que el PMS asignado a esa UA es de 3.500 metros.
Ese dato enciende las alarmas en la UDEF. Atendiendo a sus informaciones, alguien le ha quitado 3.500 metros a la ciudad. Y en esa búsqueda detecta, por ejemplo, que el ex redactor del PGO, Jesús Álvarez, que trabaja en un despacho privado y que está imputado en el caso, hace un informe técnico que figura en el expediente en el que se olvida de esos supuestos 3.500 metros, y no sólo eso, sino que después es contratado por el promotor inmobiliario, Félix Machín, para hacer el proyecto primero de demolición del edificio que había en el solar y después el de las 78 casas. Según fuentes de la investigación, los agentes ataron cabos y detectaron un posible delito de cohecho en ambos y achacó a Álvarez otro de quebranto al patrimonio público. Se tragó en su informe esa obligación de ceder 3.500 metros a la ciudad y Machín se lo pagó dándole el proyecto.
Sin embargo, ahora que se confirma que ese dato está erróneo, se desmonta una de las patas de la operación, pero sólo una. La UDEF ha detectado muchas más irregularidades.