miércoles, 18 de noviembre de 2009
BOC Nº 220. Martes 10 de Noviembre de 2009 - 1648
martes, 17 de noviembre de 2009
El Ayuntamiento solicita amparo al TC ante la sentencia del ‘Edificio Ford’

eldigitaldecanarias.net > Gran Canaria
17-02-2009
El Tribunal Supremo condena a la corporación al pago de seis millones de euros
EDDC.NET | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Acfipress El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado, el pasado lunes 16 de febrero, los trámites judiciales oportunos para formalizar un recurso de amparo constitucional, ante el Tribunal Constitucional (TC), tras la sentencia dictada en el caso del ‘Edificio Ford’.
En efecto, el pasado día 29 de enero el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en relación con el citado inmueble –calle Presidente Alvear esquina con Ruiz de Alda y Juan Manuel Durán- y la gasolinera colindante.
El proceso judicial, que terminó en dicha sentencia, traía como causa la catalogación del denominado ‘Edificio Ford’ y el uso exclusivo de la parcela colindante como gasolinera según el Plan General de Ordenación.
La sentencia da la razón al Ayuntamiento en cuanto a la catalogación del edificio y la calificación de uso de la parcela colindante se refiere.
Sin embargo, la sentencia condena, solidariamente, al Ayuntamiento y al Gobierno de Canarias a indemnizar al propietario del edificio con la cantidad de 1.870.720,76 euros y al Ayuntamiento a la cantidad resultante de deducir el precio de venta del solar con destino a gasolinera de la cantidad de 5.135.596,79 euros.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria considera que la sentencia del Tribunal Supremo incurre en una clara incongruencia, en concreto la ultra petita, esto es, ha dado más del contenido de las pretensiones deducidas por la parte recurrente, tanto en vía administrativa como jurisdiccional. No olvidemos que lo que se debatía en vía judicial era la adecuación o no de la calificación otorgada al edificio y al solar colindante, asunto en el que el Tribunal Supremo falla a favor del Ayuntamiento.
La determinación de la cantidad objeto de indemnización no fue objeto de debate en el proceso judicial del que trae causa esta sentencia, lo que ha supuesto para el Ayuntamiento una situación de total indefensión judicial.
Es precisamente esta indefensión lo que fundamenta acudir a la vía del recurso de amparo ante el Constitucional puesto que, de lo contrario, el Ayuntamiento haría dejación de la defensa de sus intereses y de los de la ciudadanía a la que representa.
La modificación introducida por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a iniciar un proceso de declaración de nulidad de actuación ante el Tribunal Supremo para poder acudir, vía recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional.
Libro de interés de Derecho Urbanístico.
Teatro Romano de Sagunto debe volver a ser ruina:
El Supremo confirma así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de 2003 y recoge que el Ayuntamiento y la Generalitat estuvieron de acuerdo en que las obras de reversibilidad son posibles, y por lo tanto, el fallo es ejecutable. La Generalitat debe ejecutar la sentencia, que acarreará un coste de millones de euros.
El TSJCV consideró ilegales las obras en función de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Estimó que se trataba "de una reconstrucción sobre las ruinas auténticas". El teatro se construyó en el siglo I y sufrió múltiples modificaciones a lo largo de su historia.

Espacios Naturales Protegidos de GC
¿Macropuerto deportivo en Arguineguín?
El Cabildo de Gran Canaria baraja la creación de un macro- puerto deportivo en Santa Águeda, donde está actualmente la cementera de Arguineguín, que con una capacidad máxima de unos 1.000 amarres sería la principal instalación náutica de la Isla y evitaría la ampliación de Pasito Blanco y la construcción de un nuevo muelle en la zona de Las Meloneras.
El Plan de Ordenación de los Puertos Deportivos Turísticos de Gran Canaria, cuyo avance aprobó ayer el consejo de gobierno del Cabildo, gira sobre la posible reconversión de Santa Águeda en el epicentro de la actividad náutica, aunque para ello sería necesario el traslado de la empresa Cementos de las Islas "mediante una compensación económica o esperando a la caducidad de la concesión".
Santa Águeda aparece en cuatro de las seis alternativas que recoge el Plan de Ordenación, que prevé la regulación de los puertos ya existentes y la creación de nuevas instalaciones hasta llegar a la cifra de 5.000 amarres. La Alternativa Cero sería la opción en el caso de que no se ejecute dicho plan y consiste en la legalización de los actuales usos que tiene el litoral.
Las actuaciones de esta Alternativa Cero figuran en las cinco opciones restantes e incluye las rampas de varada ya existentes de La Puntilla (Las Canteras), Melenara, Bahía de Gando, Arinaga (hornos de cal), Arinaga (casco, Caleta de Abajo y El Altillo, así como los fondeaderos de Tufia, La Aldea y Sardina del Norte. Sólo contempla cuatro nuevas intervenciones: los 500 atraques del puerto de Bahía Feliz y pequeñas obras en Ojos de Garza, Tasarte y Amadores.
MEJORAS. La Alternativa Uno "pretende el acondicionamiento y mejora de las infraestructuras existentes" y contempla Santa Águeda (entre 500 y 1.000 amarres), La Aldea (50) y una "facilidad náutica" en El Puertillo para trasladar los barquillos de la playa. La Alternativa Dos prescinde de Santa Águeda y plantea "el desarrollo de puertos deportivos en Bahía Feliz, Meloneras/Pasito Blanco (500) y Tauro", con 500 plazas cada uno. Contando con las ampliaciones de los puertos de Estado y de la Comunidad Autónoma, en Las Palmas de Gran Canaria, Arinaga, Agaete y Taliarte, se alcanzarían los 4.972 atraques.
La Alternativa Tres recoge el macropuerto de Santa Águeda con 1.000 atraques nuevos. La Alternativa Cuatro contempla 550 atraques en Santa Águeda y 400 en Tauro. Por último, la Alternativa Seis concede 600 plazas a Santa Águeda (600) y otras 400 a decidir entre un nuevo puerto en Meloneras o la ampliación de Pasito Blanco.
Los obstáculos de la moratoria
Más de media docena de empresas exigen indemnizaciones al Gobierno al prohibírseles edificar
La Comunidad Autónoma se enfrenta a nuevas indemnizaciones multimillonarias que superan los 600 millones de euros como consecuencia de la aplicación de la segunda moratoria, que entró en vigor el pasado mes de mayo. Al menos siete empresas se han acogido a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial y del Turismo (que reemplaza a la anterior moratoria) por el que se les reconoce el derecho a indemnización a los titulares de suelo de uso turístico que no se pueda edificar por la moratoria, pero que cuentan con derechos urbanísticos. Sólo Lopesan ha presentado una reclamación de 550 millones de euros.
La ley da seis meses para presentar una reclamación ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, plazo que se cumplió el pasado jueves. Empresas como Lopesan (Eustasio López), Seaside (Theo Gerlach), Satocan (Juan Miguel Sanjuán), Puerto Rico SA (Familia Roca) y Santana Cazorla, y otras dos empresas de Tenerife y Fuerteventura, se han acogido a esta alternativa por la que el suelo pasaría a reclasificarse como rústico de protección territorial durante un mínimo de cinco años, a cambio de reconocerles la correspondiente indemnización por los derechos edificatorios que ostenten.
La Consejería de Medio Ambiente, que dirige Domingo Berriel, reconoció ayer la entrada de varias solicitudes de reclamaciones acogiéndose al precepto de la nueva ley pero no concretaron cuántas ni las cantidades que se reclaman con exactitud. Ahora es la Comunidad Autónoma y sus servicios técnicos y jurídicos los que deben analizar la documentación y valorar las indemnizaciones que solicitan algunas de estas empresas, ya que no todas ellas aportan una cantidad determinada o se acogen al derecho a la indemnización, ya que la ley también establece otras dos alternativas en el marco del mismo artículo 17.
Las reclamaciones se han realizado con discreción y utilizando las diferentes vías que ofrece la Administración (entre ellas el correo certificado y con acuse de recibo) para presentar la documentación. Fuentes jurídicas puntualizaron que las empresas han echo uso de un mecanismo que prevé el propio Gobierno en la ley y será a partir de ahora cuanto entre en juego la negociación entre el Ejecutivo y las empresas que han reclamado, la tasación alternativa que realice la Comunidad Autónoma y el uso de la facultad de expropiación o enajenación a terceros que también figura en el artículo de la ley.
Además del derecho a indemnización, el artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes también facilita a los promotores la sustitución de la edificación alojativa por otras destinadas a otros usos vinculados al sector turístico como parques temáticos, actividades culturales, de ocio, de espectáculos, comerciales, deportivas, de restauración u otras similares. En la tercera alternativa figura el posible traslado de ese suelo a otras zonas con el fin de destinarlo a industrias, producción de energía e, incluso, uso residencial, con un 30% como mínimo para viviendas de protección oficial.
Alerta en Cabo Verde ante la primera plaga de dengue
El Ministerio de Salud de Cabo Verde ha declarado por primera vez en su historia una epidemia de dengue en el país. Hay más de 13.000 casos sospechosos, cerca de 3.000 han sido ya confirmados y se estima que otros 68 sean dengue hemorrágico. Hasta ahora, se ha constatado el fallecimiento de seis personas.
El número de casos de dengue ha sufrido un fuerte aumento desde el comienzo del mes de noviembre, de los que alrededor del 80% se localizan en Praia -isla de Santiago-, donde viven cerca de 150.000 personas de las 350.000 que componen la población caboverdiana. Otras islas como Brava, Fogo y Maio, también han sido afectadas por el brote.
El dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura del mosquito Aedes y sus síntomas son similares a los de la malaria: dolor de cabeza, fiebre y dolor muscular.
El dengue hemorrágico es su variante más severa y puede ser mortal si no se identifica y se trata rápidamete.
Para hacer frente a esta emergencia, Cruz Roja y la Agencia Española de Cooperación han activado un convenio de colaboración sobre ayuda humanitaria por 100.000 euros.
lunes, 16 de noviembre de 2009
El pleno del Cabildo de Gran Canaria aprueba por unanimidad el Plan provisional del Parque Aeroportuario
ACN Press
Las Palmas de Gran Canaria
El pleno del Cabildo de Gran Canaria, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado de manera provisional y por unanimidad, el Plan Territorial Especial del Parque Aeroportuario de Actividades Económicas de Gran Canaria, que pretende implantar un centro de actividades económicas, empresariales, de producción y logísticas en el entorno del aeropuerto de la Isla. Todos los grupos políticos votaron a favor “por lo que representa para el desarrollo económico de Gran Canaria”, según explicó el propio presidente, José Miguel Pérez.
Con la aprobación de hoy se le da “un importante impulso” a un proyecto que pasa por ser “una de las grandes operaciones estratégicas del futuro”, señaló Pérez.
Las cifras marean. 1.895.000 metros cuadrados, de los que 400.000 se destinarán a espacios libres, se construirán 14.000 plazas de aparcamiento, una segunda pista para el aeropuerto, se desviará la actual autopista GC-1 y el barranco de El Draguillo, entre Telde e Ingenio. Sin embargo, el primer paso, a partir de hoy, es la aprobación definitiva, que el presidente prevé, como muy tarde, a principios de 2010.
Una vez superada esta cuestión, se iniciarán los trámites para la constitución de la “sociedad instrumental” que gestione la expropiación de los terrenos y la urbanización del proyecto. En estos momentos, la zona a expropiar “están en manos de 23 propietarios”, según explicó el gerente del Consorcio del Plan ante el pleno, Alejandro Castro. De estos, tres poseen un 35 por ciento y 20 reúnen más de la mitad de los terrenos afectados.
Castro apuntó, durante su intervención, que la futura sociedad gestora “deberá ser mixta con una mayoría de participación pública”. No obstante, el presidente insular en declaraciones ante los medios al término del pleno, avanzó que en la gestión futura de esta infraestructura se seguirá contando con los ayuntamientos de la zona, porque “tienen derecho de plusvalías en cualquier operación de este tipo, lo que les sale enormemente rentable”.
Los primeros estudios apuntan a que el coste medio de repercusión asciende a 305 euros por metro cuadrado, lo que “representa una opción muy rentable”, según el gerente del Consorcio. Por otra parte, el coste previsto de las fases que se van a acometer es “de unos 200 millones de euros”, señaló Castro, “la mitad por la disponibilidad de suelo y el resto para la urbanización”.
Los portavoces de Coalición Canaria y el Partido Popular votaron a favor de este Plan, porque supone una “una oportunidad histórica para el desarrollo de esta Isla”. No obstante, los populares exigieron al grupo de gobierno que no descuide la participación de Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), que debe terminar el proyecto de construcción de la segunda pista. Por otro lado, le recordaron también la necesidad de que el Cabildo “adquiera suelo, ya que en estos momentos no dispone de un solo metro cuadrado”.
Segunda pista.
Con respecto a la construcción de la segunda pista, José Miguel Pérez recordó que en estos momentos Aena “está valorando y llegando a acuerdos con los vecinos afectados por las expropiaciones previstas”. Según las fechas que recoge el mismo proyecto, no será hasta 2015 ó 2016 cuando se inicie la construcción de esta infraestructura.
Sobre esta cuestión también se está pendiente de la respuesta del Ministerio de Defensa sobre la propuesta de cesión de terrenos para la posible reubicación de los vecinos. Pérez recordó que “toca esperar”, ya que “ha surgido un inconveniente no previsto, y es que ese terreno tiene propietario”.
La cancha se volvió rascacielos
TERESA GARCÍA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Responsables del Ayuntamiento capitalino -los anteriores del PP y los actuales del PSOE- han mantenido conversaciones, desde hace al menos un año, con la empresa Evemarina, propietaria en la actualidad del solar de Pavía, para elevar la edificabilidad de la parcela y hacer un rascacielos de 34 plantas, proyecto en el que trabaja el arquitecto César Pelli, según indicaron fuentes municipales.
La familia Reyes Fuentes ha visto, a lo largo de estos 16 años, cómo la parcela de 3.430 metros cuadrados que permutó al Ayuntamiento cuando era zona deportiva pasó a ser residencial, su altura comenzó a crecer y su coste a dispararse como la espuma.
Aunque el pleito judicial no se inicia hasta 2001, el tira y afloja de la familia Reyes con el Ayuntamiento, a cuenta de la parcela, se remonta al 7 de marzo de 1989, siendo alcalde José Vicente León. En esa fecha, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) califica la parcela como espacio libre y deportivo.
El Ayuntamiento dicta en 1990, siendo alcalde Emilio Mayoral, el expediente de expropiación forzosa de la parcela para hacer en ella terrenos deportivos. En la zona no se había construido aún ni el Auditorio ni el centro comercial Las Arenas y el suelo tenía muy poco valor porque la zona de Guanarteme en aquella época formaba parte, practicamente, de la periferia del municipio capitalino.
La familia Reyes y el Ayuntamiento acuerdan, después de varias conversaciones, firmar un convenio en el que se decide permutar la parcela de Pavía por un solar de 5.010 metros cuadrados en La Minilla y una serie de aprovechamientos urbanísticos en el polígono industrial Díaz Casanova. El convenio se suscribe el 2 de marzo de 1991.
RESIDENCIAL. Pero, nueve años más tarde, se le quita a la parcela la calificación de espacio deportivo y aparece como residencial con seis plantas de altura (M 5) en el Plan General aprobado el 26 de diciembre de 2000, siendo alcalde José Manuel Soria. El expediente de calificación lo inició el concejal Jorge Rodríguez y lo culminó Juan José Cardona. La justificación que se dio para la calificación era que el solar era muy pequeño para hacer unas canchas deportivas, que finalmente se construyen un poco más allá, al lado del centro comercial Las Arenas.
A la vista del cambio, los propietarios no tardan en dirigirse al Ayuntamiento para reclamar por vía administrativa la reversión de la parcela. Argumentan que el valor del solar ha aumentado muchísimo con su calificación como residencial y que en ningún momento se notificó al propietario la desafectación del bien. El Ayuntamiento rechaza la reclamación y viene a decir que el propietario no tiene derecho a reversión alguna porque el procedimiento utilizado no fue una expropiación sino una permuta.
Con dichos argumentos, ganó el gobierno municipal el pleito en primera instancia en diciembre del año 2006, pero la familia Reyes Fuentes recurre y la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le dio la razón el pasado mes.
Sin embargo, Pepa Luzardo decidió permutar la parcela de Pavía por los terrenos de El Confital , antes de que el TSJC le diera la razón a los primeros propietarios de Pavía, antes incluso de que se resolviese el pleito en primera instancia.
Es aquí cuando arranca la relación de los terrenos de El Confital con el solar de Pavía. Luzardo, nada más aterrizar en la Alcaldía en 2003 decide coger el toro por los cuernos y comenzar la negociación en serio de la compra de 434.000 metros cuadrados situados en El Confital y Punta Salinas, después de más de cuatro décadas de frustrados intentos por parte de los anteriores regidores que gobernaron. Cita a la empresa Confital Internacional S.A., los dueños de dichos terrenos, y en junio de 2004 alcanza un acuerdo con ellos.
SEIS PLANTAS. En dicho acuerdo, que fue ratificado en noviembre de 2004, el Ayuntamiento le cede a Confital Internacional la mejor parcela pública de la que dispone en ese momento, que no es otra que la de Pavía, valorada en ese momento, con sus seis plantas, en 22,7 millones de euros, pero pendiente de un litigio. Además de esa parcela, se compromete a otorgar 50.000 metros cuadrados más en un lugar de la ciudad, que más de tres años después no se ha decidido aún.
A mediados de 2005, el gobierno de Luzardo da un paso más para elevar la edificabilidad de la parcela de Pavía en otros cuatro pisos, aprovechando la revisión del Plan General para adaptarlo a la Ley del Territorio. La modificación no se hizo ex profeso para el solar de Pavía, pero fue el primero que se benefició de la elevación de alturas. El nuevo Plan General incluía una nueva ordenanza para grandes parcelas, mediante la cual se autorizaba a elevar cuatro plantas más en todos aquellos solares, cuya superficie superara los 1.250 metros cuadrados. La parcela de Pavía cumplía todos los requisitos e inmediatamente pasó a ser M9. Esta modificación casi duplica el valor que tenían los terrenos cuando se permutaron en 2004.
La actual propietaria de la parcela, la empresa Evemarina, entra en escena a finales de 2005, cuando se anuncia públicamente que ha comprado el solar a Confital Internacional. En mayo de 2006 le encarga al arquitecto César Pelli -uno de los que ganaron el concurso de La Gran Marina- el diseño de un edificio singular para la parcela. Desde este momento se inician las conversaciones informales para modificar el Plan General y construir un rascacielos en Pavía. Los responsables de Evemarina están dispuestos a ocupar sólo el centro de la parcela, a cambio de que le dejen construir las 34 plantas y un centro comercial.
Y en esas estaban las cosas cuando el TSJC da la razón a la familia Reyes y obliga al Ayuntamiento a revertir el solar.
Una isla en barbecho
La Provincia
Gran Canaria ha perdido en la última década la mitad de los terrenos de cultivo y la inversión en los espacios protegidos es deficiente
La pérdida de zonas cultivables se compensa con la abundancia de espacios protegidos, muchos de ellos comprados por el propio Cabildo a partir de los años ochenta, cuando el presidente de la corporación, Carmelo Artiles puso en marcha la idea de "reverdecer Gran Canaria". Sin embargo, esos espacios protegidos sufren serias carencias por la falta de inversión y muchos de ellos son totalmente desconocidos para la población.
El actual grupo de gobierno del Cabildo está atacando el problema desde varios frentes, pero no se libra de las críticas de la oposición y de organizaciones ecologistas como la Federación Ben Magec, que denuncian abandono e improvisación.
En el primer frente es recuperar la agricultura y el consejero del área, Demetrio Suárez, está buscando acuerdo con las organizaciones del sector para garantizar que las producciones agrícolas sean vendidas a un buen precio.
Desde la consejería de Medio Ambiente su titular, Juan Salvador León, ha emprendido una campaña de limpieza de barrancos para sustituir las cañas por otras especies vegetales, con el objetivo de crear un corredor verde equivalente a 600 hectáreas, con lo que también se reduce el riesgo de incendios.
Respecto a los espacios protegidos, León reclama al Gobierno canario que cumpla sus propias previsiones de inversión, ya que los planes elaborados por la Comunidad Autónoma estiman un gasto anual de 13 millones de euros de los 33 espacios protegidos.
La aportación del Gobierno canario en este año 2009 se limitó a 1,08 millones y los recortes presupuestarios amenazan con reducir aún más el gasto.
El consejero insular de Medio Ambiente niega que los espacios estén abandonados, como denuncia el PP, y reta a los populares a que haga una comparación entre el estado actual y cómo se encontraban hace dos años y medio, cuando él asumió el cargo. No obstante, admite la falta personal especializado y que hay que muchos proyectos por realizar.
R.A.E.
Barbecho: (Del lat. vervactum, de vervagĕre, arar la tierra en la primavera).
en ~ barbecho:
1. loc. adj. Dicho de una tierra labrantía: Que no está sembrada durante un tiempo para que descanse.
Los vecinos critican que la parada de guaguas más cercana esté a 2 kilómetros
Los residentes afirman que deben caminar hasta la carretera general de Las Galletas para poder subirse a la guagua. Así, responsabilizan al gobierno local de Arona de no convencer a Titsa para que entre al núcleo.
Alrededor de dos kilómetros tienen que caminar los vecinos del Palm-Mar para llegar a la parada de guaguas más cercana, "puesto que tenemos que desplazarnos desde el interior del núcleo hasta la carretera general de Las Galletas", expresan los residentes.
Afirman que este problema fue trasladado al gobierno local de Arona en una reunión hace "un año, pero hasta la fecha no han llevado a cabo ninguna acción para resolver la actual situación".
De este modo, explican que "el alcalde, José Alberto González, y varios concejales del gobierno local se comprometieron a hacer cuantas negociaciones fuesen necesarias con Titsa para que las guaguas entrasen por este núcleo turístico y residencial, creando algunas paradas. Hasta la fecha dicha promesa ha caído en saco roto".
"Mucho nos tememos que no ha habido ninguna reunión entre el gobierno municipal y el Cabildo de Tenerife para tratar este asunto", comentan indignados los vecinos.
Exigen voluntad política
Indican que no disponer de un servicio de guaguas que recorra, al menos, la calle principal del Palm-Mar "está ocasionando muchos problemas. Mayores y padres con hijos de muy corta edad son los más afectados cuando necesitan trasladarse a otros puntos de la comarca o del municipio".
Manifiestan que "con un poco de voluntad política, si la hubiera, este problema de movilidad se resolvería. La impresión es que a los nacionalistas poco le preocupan los problemas de los vecinos y sólo se ocupan de los intereses que a ellos más les convienen".
La Reserva Marina de La Palma regenera también los caladeros limítrofes
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=147935

















